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Denuncian a Cristina Kirchner por confesiones que hizo en su libro

Los abogados y dirigentes del frente Republicanos, Yamil Santoro y José Magioncalda, acusaron a la ex presidenta en la Justicia por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Es por haber admitido que aumentó el gasto público en 2015, en una cifra equivalente al 1% del Producto Bruto, para favorecer electoralmente a su candidato a presidente, Daniel Scioli.

Denuncian a Cristina Kirchner por confesiones que hizo en su libro

BUENOS AIRES-. Un día después de la presentación en sociedad de su libro autobiográfico, Sinceramente, Cristina Kirchner recibió este viernes la primera denuncia penal por una de las confesiones que transcribió en la obra.  

Los abogados y dirigentes del frente Republicanos, Yamil Santoro y José Magioncalda, acusaron a la ex presidenta en la Justicia por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Es por haber admitido que aumentó el gasto público en 2015, en una cifra equivalente al 1% del Producto Bruto, para  favorecer electoralmente a su candidato a presidente, Daniel Scioli.

En la página 323 del libro, Cristina sostiene que “la razón del crecimiento de un punto en el déficit durante el año 2015 no fue sólo porque el año anterior había sido un mal año para la economía -se había apreciado el dólar y había caído el precio de los commodities- sino también porque en vista de las elecciones presidenciales decidí incrementar el gasto”.

A renglón seguido, afirma: “Una pequeña digresión: me causa mucha gracia los que dicen que no hice ningún esfuerzo para que Scioli ganara las elecciones…¡Aumenté en 1 punto del PBI el déficit  fiscal para inyectar recursos a la economía! ¡Mi Dios!…Cómo algunos no hacen más que repetir lo que leen en Clarín y La Nación”.

Los dirigentes de la fuerza que impulsa la candidatura de Darío Lopérfido a la Jefatura de Gobierno porteña consideran que ese hecho “configura el delito tipificado en el artículo 265 del Código penal, en el capítulo VIII de negociaciones incompatibles con la función pública”.

“Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”, dice el artículo, según la transcripción de los denunciantes.

La causa quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo y la Fiscalía que encabeza Federico Delgado.

Fuente de la Información: iprofesional.com

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