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LA 19640, EN LA MIRA

El FMI y las exenciones tributarias de Tierra del Fuego

Que el FMI tenga en la mira a la Ley 19640 no es nuevo. En esta nota se puede ver un análisis del por qué se repite esta situación y cuál es la confusión en la que caen algunos inexpertos al hacer su análisis.

El FMI y las exenciones tributarias de Tierra del Fuego

TIERRA DEL FUEGO.- Históricamente, cada vez que el FMI nos tuvo bajo revisión, siempre pidió por la derogación del régimen fueguino. Esto responde a la lógica empecinada que sostienen sus técnicos, que luego se sorprenden cuando decae la recaudación impositiva.
Confundir las exenciones tributarias de Tierra del Fuego con un subsidio no es un tema menor. Si tomamos los tres ítems que operan en conjunto para viabilizar la producción industrial en el extremo austral, esto es, la exención de aranceles a la importación de insumos y bienes de capital, el crédito fiscal presunto de IVA, y la exención del Impuesto a las Ganancias, veremos que la forma de calcular el perjuicio fiscal no es lineal.
Para tener una idea más acabada de cuál es en realidad el costo fiscal del régimen promocional, hay que imaginar el escenario alternativo. Es decir, qué sucedería con la recaudación impositiva en caso de desaparecer el polo fueguino, tal como pretende el FMI, y parecería que también el Presidente. En primer lugar, ya no tendríamos Industria electrónica nacional, porque el mercado interno se abastecería desde Manaos - recordar que el régimen brasileño se mantendrá vigente hasta 2073-, y el Mercosur le permite ingresar sus productos en condiciones de intrazona, es decir sin pago de aranceles. Tachemos entonces el costo fueguino de exención arancelaria, que además es menor, por cuanto apunta a insumos y no a bienes terminados como los que vendrían de Manaos.
Según se entiende, lo que sucedería con el IVA y con las Ganancias, ambos se tributarían pero su impacto no sería en realidad completo. Porque al desaparecer la actividad, el Gobierno provincial perdería el 35% de sus ingresos tributarios, y el bache debería ser cubierto con aportes del Tesoro Nacional que los tomaría de la masa recaudada, salvo que se piense abandonar a su suerte a un enclave estratégico como lo es Tierra del Fuego en el mapa geopolítico actual.
Adicionalmente, en un contexto recesivo como el presente, los operarios que perderían su fuente de ingreso al cerrar las fábricas, deberán ser asistidos con algún tipo de subsidio, lo que obviamente también resta de la recaudación adicional que imagina el Fondo.
Está demostrado que no hay brecha fiscal que cierre sin actividad productiva. Las fábricas fueguinas pagan impuestos internos, abonan impuestos provinciales, y compensa los sobrecostos de localización -en una región de trascendencia más allá de los cálculos económicos- con los estímulos garantizados por la ley 19640.
La pregunta entonces es si se justifica desmantelar una industria nacional que es el resultado de cuarenta años de inversión conjunta entre el Estado y los inversionistas privados, que posibilitó el advenimiento de la última provincia argentina, que está al nivel de los procesos productivos aplicados en los países líderes, que aporta a investigación y desarrollo, y que ocupa una cantidad apreciable de operarios especializados, con capacidad de afrontar las nuevas tecnologías que presentarán no sólo los televisores, acondicionadores de aire, etc. sino también nuevos dispositivos que serán realidad en poco tiempo.
Es una pregunta que corresponde atender independientemente de lo que se imagine para reemplazar a la electrónica –si es que se está imaginando algo- porque hasta el momento, las alusiones a actividades alternativas carecen de la profundidad de análisis requerida, y que, por muchos factores, bajo la lógica imperante, sólo pueden catalogarse como deseos irrealizables.

Fuente de la Información: El Cronista

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