BUENOS AIRES.- Durante el transcurso de la semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Felipe Solá retomó su presencia en los medios y se concentró en destacar la agenda de la cuestión Malvinas.
El viernes, en una entrevista que le cedió a una radio fueguina señaló que Nación había suspendido el intercambio de información científica sobre pesca con el Reino Unido. La decisión acompaña uno de los proyectos de ley que Alberto Fernández enviará al Congreso y que endurece las multas para barcos que pesquen ilegalmente en aguas argentinas, entre ellas las que están en disputa. "Ya suspendimos todo intercambio científico, porque es uno de los temas soberanos, no podemos entregar datos estratégicos a quien usurpa", sostuvo el canciller. A ello se sumará un intento de "sacar a Inglaterra de su zona de confort" en cuanto a las Malvinas dentro de las negociaciones entre Unión Europea (UE) y Reino Unido tras el Brexit.
En este contexto, este martes, tras una consulta de Clarín, voceros de la embajada británica en Buenos Aires respondieron. “Creemos que la continuidad de la cooperación en materia científica es fundamental para preservar los recursos pesqueros en beneficio de todas las partes involucradas y reducir los daños provocados por la pesca ilegal indiscriminada”.
Según remarcaron en la Embajada, “la Comisión de Pesca del Atlántico Sur fue establecida en 1990 con el fin de contribuir a la conservación de los recursos pesqueros. Desde 1993 se han realizado numerosos cruceros científicos conjuntos que han permitido a todas las partes involucradas mejorar su conocimiento de la fauna ictícola en la zona del Atlántico Sur”.
Aun así, la sede diplomática dijo que "hasta el momento" no había "recibido ninguna notificación formal por parte del Gobierno argentino de cambios respecto de la cooperación científica en materia de pesca en el Atlántico Sur. De hecho, al menos hasta el mes de mayo el Gobierno argentino continuó recibiendo en tiempo y forma la información proporcionada por los científicos de las Islas Malvinas".
El fin de semana, un comunicado de Juntos por el Cambio le respondió, bajo el título "Malvinas: Nada se logrará sin Diálogo". Allí, la oposición sostuvo que, contrariamente al gobierno actual, creían que la suspensión del intercambio de información pesquera "afecta la posibilidad de combatir más efectivamente la depredación de las especies ictícolas en el Atlántico Sur, en momentos en que la pesca ilegal amenaza con la extinción de la riqueza pesquera en nuestro territorio marítimo". Si bien una cosa son las aguas que unilateralmente manejan los británicos e isleños bajo protesta argentina, otra es la pesca ilegal en los mares argentinos, donde la mayor parte de los incidentes ocurren con barcos chinos.
El texto lo firmaron distintas figuras nacionales de Juntos por el Cambio como Alfredo Cornejo (presidente de la UCR), Patricia Bullrich (presidente del PRO), legisladores como Maximiliano Ferraro o Luis Naidenoff, más el secretario de Relaciones Internacionales del PRO, Fulvio Pompeo. Este texto aseguró que la declaración de 2016 firmada con los británicos (el llamado acuerdo Foradori-Duncan) no era "un acuerdo" sino "una hoja de ruta" y se quejó de que el Gobierno de Fernández desconociera "los avances concretos como resultado de una política de diálogo con el Reino Unido como lo fue la identificación de los soldados caídos en el conflicto de Malvinas".
Se refirió así a los análisis de ADN a soldados que no estaban identificados en el cementerio de Darwin, proceso que se realizaba bajo el paraguas de un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, y en el Equipo Argentino de Antropología Forense. Después de identificarse a casi la totalidad, hoy está sin avances.
Así y todo hay aspectos críticos también pendulares de la administración Macri, ya que el comunicado de 2016 ofrecía mucho y reclamaba poco a cambio en lo que hace al conflicto de soberanía en el Atlántico Sur.
El endurecimiento del discurso -aunque por ahora no hay políticas que apunten directamente a los isleños como sí ocurrió entre 2003 y 2015- se basa en algunos supuestos. "El pueblo argentino es malvinero, odia a los ingleses", señaló un funcionario de la administración nacional.
El Gobierno también se basa en unas encuestas que tiene en su despacho el secretario del Area Malvinas, Daniel Filmus. Ante la pregunta de si están de "acuerdo con incrementar las sanciones" a la "extracción ilegal de los recursos naturales,el 86,9% de las personas de CABA y Gran Buenos Aires. Los datos surgen de unas consultas efectuadas por la firma ARESCO.
