Extrategic Group en la mira del país por sus convenios para fotomultas

Las autoridades de la empresa Extrategic Group no solo recibe cuestionamientos en Río Grande sino que en otras provincias del país también está bajo la lupa. Si bien en Río Grande hay fuertes rechazos al modo en que manejan el estacionamiento medido, en el norte argentino los repudios surgen a partir de los convenios firmados con municipios para instalar sistemas de fotomultas.

Extrategic Group, que pertenece al empresario Alejandro Abeliansky y ha fijado domicilio legal en Juana Fadul 323 de Ushuaia, al igual que otra empresa vinculada a Abeliansky, llamada Distribuidora SERTRAN, han rubricado contratos con municipios de provincias como Santa Fe o Corrientes que le reportarán sustancioso dividendos a dichas empresas.

Lo cierto es que esos contratos han sido objetados por jueces provinciales y federales dado que las provincias no han delegado el control de sus rutas a los municipios en cuestión, quienes ávidos de recursos, optaron por avanzar en convenios que a simple vista parecen más rentables para las empresas que para las ciudades.

En Corrientes

Durante los primeros días de este año, desde la comuna La Cruz en la provincia de Corrientes anunciaron que tienen previsto recaudar unos 400 mil pesos en concepto de fotomultas. Para ello, Extrategic Group -o Distribuidora SERTRAN, según corresponda- colocó las cámaras fotográficas sobre la Ruta Nacional 14.

Lo llamativo del convenio es que la comuna de La Cruz deberá pagar 2.500 pesos mensuales por cada equipo de fotomultas y a la hora de repartir las ganancias de lo conseguido por las infracciones, por ejemplo, la empresa SERTRAN se quedará con el 70 por ciento de lo percibido en concepto de multas por “contraprestación de los servicios”. A la comuna le quedará el 30 por ciento restante. Esa desigual distribución se mantiene para los títulos de deuda en la faz prejudicial.

Pero las ganancias de la empresa no quedan allí. Ya que por cada multa efectuada, la empresa deberá recibir desde las arcas comunales 22 unidades fijas (cerca de 143 pesos) por “gastos administrativos”. El plazo del contrato de servicios dura diez años, “quedando renovado automáticamente por igual lapso”, para ambas empresas según develó el diario Territorio Digital.

En Córdoba

Otro caso particular se observó en Mayu Sumaj, localidad cordobesa situada en el departamento de Punilla. Allí, la Justicia deliberó sobre la situación y terminó imponiéndole el pago de una multa al intendente Fabián Flores, quien se había negado a revelar la información vinculada a la contratación del servicio de fotomultas con la empresa SERTRAN.

Nuevamente, el servicio era puesto en duda y su emplazamiento sobre la Ruta Nacional 14 también generó fuertes repudios, al igual que la actitud del intendente Flores, que nunca entregó los informes sobre el monitoreo del tránsito en la Ruta 14 y por ello, las quejas de los habitantes del sector fueron potenciándose.

En ese sentido, se apuntó fuertemente contra el polémico y dudoso sistema recaudatorio que usaba la comuna y la empresa SERTRAN, que tenía la concesión de las cámaras de seguridad y ejecutaba los cobros, según informó el Diario de Carlos Paz.

Al igual que en Corrientes, el propietario de Extrategic Group y también dueño de SERTRAN había firmado un convenio ideal para la empresa: percibirían el 70 % de total recaudado y un ‘extra’ de $40 por cada multa, que se cobraba a los propios infractores.

De esta forma, SERTRAN y su apoderado, Alejandro José Abeliansky se llevaban un bolsón incuantificable y llegaron a emitir un total de 250.000 multas a fines del 2009, a ejecutarse a través del Juzgado de Salsipuedes.

En Santa Fe

La situación en la Municipalidad de Calchaquí, provincia de Santa Fe, fue mucho más polémica y los medios locales la calificaron como una “brasa caliente”, dada la controversia que se generó con los vecinos de la zona, los viajantes y hasta la propia Justicia santafesina que debió intervenir en el caso.

El caso es el más viejo, ya que data de 2011. La causa se inició a raíz de una presentación hecha por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe en julio de ese año. El caso llegó a la Justicia de la mano de un ciudadano que puso en conocimiento haber sido sancionado por dos infracciones de tránsito por la Municipalidad de Calchaquí, en ocasión de circular por la Ruta Nacional 11 en el sector coincidente con el ejido urbano de dicha localidad.

En la Defensoría corroboraron que el control carecía de autorización provincial lo que lo tornaba no sólo abusivo sino ilegal, asesorándose al respecto al ciudadano multado para que pudiera ejercer su derecho de defensa, mediante la instrumentación de sendos descargos que fueron remitidos al Tribunal de Faltas del ente municipal.

Paralelamente desde la Defensoría se ofició a la Agencia de Seguridad y confirmó que Calchaquí nunca tuvo autorización del Estado provincial para ejercer los controles aludidos y que la necesidad de tal no podía ser desconocida por las autoridades de ese municipio.

En este caso también se vio involucrado Abeliansky, ya que si firma SERTRAN fue la encargada de instalar las cámaras de fotomultas que terminaron en polémica. La radio FM Activa Vera, en su sitio web, publicaba: “En la Argentina, las empresas de Abeliansky operan en municipios y comunas de varias provincias. En todas ellas están severamente cuestionadas”.