RIO GRANDE-. El fiscal federal de esta ciudad, Marcelo Rapoport, con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, solicitó la detención y declaración indagatoria de 26 militares por 22 hechos puntuales.
Según las denuncias, los delitos investigados fueron cometidos en la isla Gran Malvina, "específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú, donde se desempeñó el Regimiento de Infantería N°5 -dependiente de la III Brigada de Infantería-, al que estaban subordinadas cinco compañías militares".
Con respecto al motivo del pedido de las detenciones, Rapoport aseguró que autoridades militares en las islas habrían ordenado y ejecutado contra soldados diversos actos de tortura, entre ellos, los conocidos "estaqueamientos y enterramientos". De acuerdo al magistrado, se usaban como forma de controlar las indisciplinas que generaba "las penurias" que padecía la tropa a causa, sobre todo la falta de abrigo y comida.
En este marco, la Fiscalía recordó en el escrito la obligación internacional del Estado argentino de investigar esos crímenes y solicitó una serie de medidas de prueba orientadas al esclarecimiento de nuevos hechos incorporados a la causa. "Se trata de crímenes contra la humanidad y, por esa razón, están alcanzados por una norma del derecho internacional que, desde tiempo antes de su comisión, establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos", argumentó.
La causa comenzó a partir de los relatos de varios soldados tras el fin de la guerra. En 2007, más de 20 testimonios de exsoldados conscriptos reunidos por Pablo Vassel, entonces secretario de Derechos Humanos de Corrientes, presentaron una denuncia formal a la Justicia Federal.
"De estos 23 testimonios originales, los soldados me manifestaron haber sido víctimas de torturas o testigos de torturas a sus camaradas y varios me referían la muerte por hambre de tres soldados correntinos", señaló esta mañana Vassel. Además, contó que presentó la investigación hace 11 años "bajo el eje de memoria, verdad y justicia".
Así empezó la investigación que sumó más de 120 testimonios y muchos casos de víctimas de distintos lugares del país que se fueron sumando a la denuncia original. La información oficial fue aportada como prueba en 2015, a partir de informes militares que fueron desclasificados a través de un decreto ordenado por la expresidenta Cristina Kirchner.
"De esos informes surge una enorme cantidad de nuevos casos de tortura, porque por normativa militar todos los oficiales y suboficiales estaban obligados a hacer informes, y al regreso de Malvinas muchos de ellos hablaban de maltrato a la tropa, de los vejámenes", explicó el exsecretario de Derechos Humanos en Corrientes.
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