USHUAIA.- El juez federal de la ciudad de Ushuaia, Federico Calvete, le ordenó este martes al Centro Austral de Investigaciones Científicas -un organismo dependiente del Conicet- que suspenda la matanza de conejos silvestres mediante la fumigación con gas fosfina que iba a poner en práctica la institución, a lo que se oponían entidades protectoras de los animales.
Explicó además que los conejos construyen madrigueras que producen “hundimientos y derrumbes, poniendo en serio riesgo la infraestructura que apoye sobre ellas, como el edificio del Cadic”, detalló el organismo a través de un comunicado.
El juez federal de la ciudad de Ushuaia, Federico Calvete, le ordenó este martes al Centro Austral de Investigaciones Científicas -un organismo dependiente del Conicet- que suspenda la matanza de conejos silvestres mediante la fumigación con gas fosfina que iba a poner en práctica la institución, a lo que se oponían entidades protectoras de los animales.
Cadic había justificado la matanza debido a que la proliferación de estos animales en inmediaciones de la institución produce un riesgo “ambiental y sanitario”, para la zona y en especial para la propia sede del organismo.
Explicó además que los conejos construyen madrigueras que producen “hundimientos y derrumbes, poniendo en serio riesgo la infraestructura que apoye sobre ellas, como el edificio del Cadic”, detalló el organismo a través de un comunicado.
Este tipo de fauna “destruye la vegetación, eliminando el hábitat de especies nativas y dejando expuesto el suelo a la erosión del viento y las lluvias”, resaltó el Cadic y agregó que son “un riesgo sanitario ante el contacto con animales domésticos o con las personas”.
Además, dado que el edificio se encuentra cerca de un aeropuerto, la decisión se llevó a cabo “para la seguridad de las aeronaves”.
Sobre la utilización de gas fosfina para contener la plaga de conejos, el organismo manifestó que se utilizaría “una fumigación pasiva y extracción manual” a través de un procedimiento que “no implicará riesgo para la seguridad ni la salud de humanos ni de otras especies animales y posee un impacto nulo para el medioambiente”.
Ante ello, las entidades protectoras que presentaron la medida cautelar argumentaron que la erradicación amenaza la “fauna silvestre y la diversidad biológica” y que la sustancia pensada para la fumigación resulta “altamente tóxica para cualquier ser vivo”.
Al hacer lugar a la medida cautelar, el juez entendió que las asociaciones demostraron “los derechos que asisten a los animales no humanos y que también merecen protección judicial”.
Respecto del caso concreto, Calvete afirmó que “mientras no podemos sostener a ciencia cierta que los conejos de castilla generarán un daño grave al ecosistema (…) sí podemos sostener que matarlos en conjunto puede afectar normas constitucionales”, aseveró.
Así, Calvete hizo lugar a la cautelar presentada por la Asociación de Abogados y Funcionarios para la Defensa de los Animales y la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino, que se oponen tanto a la erradicación de los conejos de Ushuaia como a la utilización de un gas al que consideran “peligroso y tóxico”.
El CADIC había explicado que los conejos construyen madrigueras que producen “hundimientos y derrumbes, poniendo en serio riesgo la infraestructura que apoye sobre ellas", como la de su propia sede (Shutterstock).
La medida judicial ordenó “la suspensión de la matanza de conejos de castilla que habitan en las proximidades del edificio de la institución científica mientras se sustancia a la causa”.
Además, dispuso la implementación de un plan alternativo propuesto por las asociaciones protectoras, consistente en la extracción de los animales mediante jaulas-trampa, su relocalización en otro predio y la esterilización quirúrgica de los ejemplares a cargo de un médico veterinario.
Para ello, el juez convocará a una audiencia donde las partes deberán consensuar “la modalidad de ejecución del proyecto” y deberán asistir autoridades del gobierno provincial y del municipio.
Voceros del Cadic dijeron que la decisión judicial les generó “sorpresa” porque “el plan de control” de los conejos presentado por las protectoras “carece de información técnica y no resuelve cuestiones metodológicas, como por ejemplo qué pasaría si se escaparan del predio donde serán confinados o cómo evitarán el repoblamiento de la zona afectada”.
“Lo único que van a hacer si se aplica este método es trasladar el problema desde un lugar a otro”, aseveró la fuente consultada.
En cambio, la abogada de Afada, Griselda Engelhard, celebró la decisión judicial, la calificó de “histórica” y la interpretó como “una bisagra para la protección de los derechos animales en la provincia”.
