OPINION

La reforma que tenemos, quizás no sea la reforma que nos merecemos

No puedo dejar de tener una mirada por demás positiva sobre el concepto de reformar un poder que, en algún punto, es el que menos se ha adaptado a las necesidades de la ciudadanía del siglo XXI. Pero si bien este es apenas un comienzo y hay alguna cosa que otra desarrollada que entusiasma, veo que en vez de robustecer a la justicia como engranaje en un sistema de frenos y contrapesos, se ha multiplicado su estructura.

En esta ampliación de magistrados en el fuero penal federal probablemente se busque licuar el poder de aquellos que han sabido surfear las coyunturas mejor que nadie. Son los mismos que siempre han sido cuestionados y al mismo tiempo que han sido recurridos por el poder de turno.

Si observamos en profundidad este nuevo mapeo de la Justicia que propone el Gobierno, no necesariamente aumentar la cantidad de funcionarios va a prevenir que se repliquen los vicios de los ya existentes en los nuevos 23 juzgados. Queda la esperanza de que estas nuevas incorporaciones nutran de mejores valores a los que de alguna manera son los “dueños” de las 12 casas actuales.

Desde mi humilde mirada, es necesario reformar la justicia federal porteña. Es más, creo que es algo que se ha tornado imprescindible viendo los últimos años cómo se ha manejado Comodoro Py en relación a las garantías constitucionales y a la implementación de las leyes cuando están vinculadas a cuestiones políticas.

En la Facultad, tuve un profesor de Derecho Constitucional que solía decir: “Cuando la política entra por la puerta de Tribunales, la Justicia sale por la ventana”.

No es una formulación muy científica, pero sólo basta analizar con detenimiento lo que fueron los últimos acontecimientos en años pasados, en los que el debate político se trataba solamente de acusaciones, de cuestiones que se reducían a la participación en hechos ilícitos de diferentes dirigentes y, por lo general, siempre los que terminaban investigados (no de manera ingenua) eran los opositores, ya sea en el Gobierno anterior, como en el actual. 

Con esto no quiero decir que la Justicia hostigue a personas inocentes que, porque pierden el poder político, hoy revisten la categoría de delincuente. Creo que es más grave que eso. Esta es la manera en la que la política ha preferido resolver las diferencias. Y pone en evidencia a una dirigencia política actual, que detenta escasa capacidad de generar un diálogo democrático que nos saque de la famosa y tan ineficiente “grieta”, que por un lado sirve para justificar el proceder de algún inútil y, en otro caso, para sostener a una cofradía de cabecillas deshonestos.

Insisto, creo casi más que nadie que es necesario reformar el Poder Judicial, pero no únicamente en una dimensión cuantitativa. Por eso, la reforma presentada por el Ejecutivo Nacional tiene al menos dos puntos en los cuales flaquea.

En primer lugar, el momento. No creo que una situación de emergencia sanitaria y económica sea el contexto propicio para lanzar un plan así de ambicioso. De hecho, nos encontramos en una situación extrema, en la que los poderes delegados al Presidente (y prorrogados inconstitucionalmente por él mismo -cfr. art.76 CN), facilita el Gobierno a través de decretos de necesidad y urgencia.

No existe el escenario político para darle vida a una reforma. Es más, resulta simplemente incomprensible un momento peor que éste para dar a luz a una reforma de este tipo.

En segundo lugar, la modificación del Poder Judicial requiere de un acuerdo democrático extraordinario. Como decía Leandro Alem (sepan disculpar la fibra radical, pero resulta inevitable la doctrina de la UCR cuando pensamos en la República): “Son esas luchas, esas nobles rivalidades de los partidos, las que engendran las buenas instituciones, las depuran en la discusión, las mejoran con reformas saludables y las vigorizan con entusiasmos generosos que nacen al calor de las fuerzas viriles de un pueblo”.

Quizás suene un poco anticuada la manera en la que nos está diciendo que, para tocar los nervios de la Constitución, para mejorar algo que necesita ser mejorado, no hay otro camino que un sistema democráticamente dialoguista entre los representantes que hemos elegido. El lenguaje del diálogo conlleva, ya de por sí, una connotación emotiva favorable, en la medida en que apela a una civilizada y respetuosa resolución de conflictos, en momentos marcados por los antagonismos.

Para finalizar, estoy convencido que se ha dejado de lado “la forma” como elemento constitutivo de una transformación, lo que le quita la categoría de reforma y le baja el precio a un hecho que podría haber marcado el comienzo de una nueva etapa en la recuperación del país.

El oficialismo no se abrió a la posibilidad de ganar información, a poder corregir errores a partir de las críticas que recibe, no se sintieron forzados a plantear sus posiciones en términos que sean entendibles y aceptables para los demás. No quisieron convencer, ni buscaron persuadir. Imponer parece ser el verbo elegido. Síntoma de los objetivos reales.

Es necesario ponderar que cuando se toman decisiones de esta naturaleza, estamos obligados a pensar en los modos en que nuestras iniciativas impactan sobre los demás, y a considerar a los otros en nuestras propuestas.

En el juego de la política, todos nos vemos constreñidos a confrontar con quienes piensan distinto y a argumentar con ellos, en lugar de simplemente descartar prejuiciada o dogmáticamente sus puntos de vista.

Por todo eso, me queda una gran duda al respecto, como les decía al comienzo. Seguramente el movimiento político que nos gobierna es consciente de que los sistemas jurisdiccionales latinoamericanos son instituciones poco permeables, pero hubiera sido una oportunidad, en un marco institucional para plantear esquemas deliberativos, que promuevan nuevas prácticas judiciales. Varios tribunales en Colombia, la India, Sudáfrica, Canadá y otros países desarrollan procesos de activismo judicial dialógico y suscitan aportes relevantes.

También me queda la duda de por qué, con tantas referencias a la democratización del Poder Judicial y a favorecer el acceso de la población vulnerable a los servicios de justicia, no se tuvo presente que todos los países latinoamericanos que quisieron resolver el problema del acceso popular a los tribunales (Colombia y Costa Rica), lo hicieron con reformas sencillas y posibles, en materia de legitimidad o “standing”; instituciones como la tutela y la acción popular; o la regulación del litigio colectivo. 

Que tales reformas aparezcan completamente ausentes en el proyecto da cuenta del elitismo de la propuesta, como bien señala Roberto Gargarella, y el modo en que ella se desentiende de las necesidades de los sectores populares.

Por lo tanto, sepan perdonar, no van a encontrar acá una respuesta clara, de por qué no confeccionaron una mejor reforma. Indudablemente, están los que tienen la seguridad de que esto se hizo con el único interés de garantizar impunidad; y otros que están convencidos de que se está haciendo una transformación a favor del bien común. Yo, por mi parte, creo que sí eran necesarios más juzgados y que todas esas fiscalías que se van a crear en el interior del país serán bienvenidas, pero concluyo con el sabor amargo de sentir que tengo una sola certeza: otra vez se perdió la oportunidad de forjar la Justicia que nos merecemos.