PROVINCIALES
El legislador Villegas se manifestó por el sistema carcelario provincial
22/01/2016. Pablo Villegas, legislador provincial por el MPF aseguró que “se puede ser controlar y no generar una megaestructura que genere mayores gastos. Para esto hace falta una decisión política de la Cámara y esperamos en marzo poder alcanzarla”.
Recordó que la Procuración Penitenciaria tiene por función la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad ya sea por orden judicial provincial o federal en cualquier ámbito de la provincia y la misma prevé la figura de un procurador titular y un adjunto.
“A fines del año pasado se había sancionado una ley que preveía el presupuesto de esa ley penitenciaria, el cual fue vetado por el Poder Ejecutivo, y hoy en día tenemos al procurador adjunto en funciones, y a la vez tenemos la situación de que esta procuración, al haber sido vetada, hoy cuenta con cero presupuesto en el ámbito legislativo”, expresó Villegas.
Las funciones y atribuciones se superponen con la ley provincial 857 mediante la cual “se crea el Comité de Evaluación y Seguimiento de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
En este sentido, indicó que "nos encontramos trabajando con la Legisladora Mónica Urquiza en un proyecto de derogación de la Ley 1027, y sobre la puesta en marcha de la Ley 857 ya que son similares”, para lo que “la Legislatura tiene la función de controlar la gestión del Ejecutivo y la de sancionar leyes en este caso particular”.
Entendemos que: “Se puede ser controlar y no generar una megaestructura que genere mayores gastos. Para esto hace falta una decisión política de la Cámara y esperamos en marzo poder alcanzarla” expresó el legislador.
Por último, Villegas remarcó que “acá hay una realidad, y es que el sistema penitenciario provincial está en crisis desde hace muchos años, y mas allá de la instrumentación de las leyes, el desafío es poner en la agenda pública ésta problemática”destacando que “más allá de la privación de la libertad, de los procesados y condenados, no se encuentran privados de derechos básicos reconocidos por los derechos humanos”.