Excombatientes piden continuar con las indagatorias

TIERRA DEL FUEGO.- El Centro de Ex Combatientes de La Plata en carácter de querellante, solicitó a la Jueza Federal de Río Grande, la habilitación de la Feria Judicial para continuar con las indagatorias pendientes a militares acusados de presuntas violaciones a los DD.HH., como consecuencia del centenar de denuncias de exsoldados que manifestaron haber sido torturados durante la guerra de 1982 por sus propios superiores, y donde ya hay cuatro procesados. 
El petitorio tiene la fecha del martes 12 de mayo de 2020 y está firmada por los abogados Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentina Alonso, letrados que representan al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, CECIM; organismo que nuclea a ex soldados conscriptos de la capital bonaerense. 
En el documento solicitaron al Juzgado Federal de la ciudad de Río Grande que “se habilite la feria judicial atento a la naturaleza de la causa 1777/07 ya que se investigan delitos de lesa humanidad cuyo tratamiento no admite demora dado la gravedad del caso, entendiendo que la causa comenzó en el año 2007 por lo que lleva 13 años de trámite judicial”.
En tal sentido, los letrados solicitaron información relacionada con el trámite del expediente de referencia, para comunicar a las víctimas respecto del cronograma de indagatorias y planificación; planteando que “resulta un imperativo en la debida diligencia en el tratamiento de los crímenes de Estado cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En dicho sentido, la posibilidad de que vuelva a fijar fecha para las indagatorias pendientes resulta un punto central en la lógica reparatoria que detenta el proceso”. 
En el escrito presentado, Guerrero Iraola y Alonso se expresa que “quedó de manifiesto, con las declaraciones de los cuatro primeros [ahora] procesados, que la implementación de tecnología en las declaraciones es una posibilidad efectiva en las actuales circunstancias, además que el fuero cuenta con el despliegue técnico necesario como para avanzar, y el aislamiento vigente es, tal vez, una buena oportunidad para imprimir una nueva dinámica a las actuaciones”.      
El planteo judicial, va en coincidencia con lo solicitado por los organismos de Derechos Humanos de la República Argentina; quienes pidieron la continuidad de los juicios de lesa humanidad cometidos por la última dictadura, más allá del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.