El fiscal ante la Cámara del Crimen Ricado Sáenz afirmó que al extitular de la Unidad Fiscal AMIA Alberto Nisman fue asesinado en el baño de su departamento del barrio de Puerto Madero, el 18 de enero de 2015, y pidió que el caso pasara a ser investigado por la Justicia Federal.
Así lo hizo el fiscal al presentar un dictamen ante la Cámara del Crimen, convirtiéndose en el primer funcionario judicial que argumenta a favor de la teoría del homicidio, tal como sostiene la familia de Nisman.
A más de trece meses de que el fiscal fuera encontrado muerto y luego de que la jueza Fabiana Palmaghini reiterara que todavía no hay pruebas como para hablar de un asesinato, el fiscal general consideró que "no caben dudas ya de que no fue Alberto Nisman quien disparó el arma que le dio la muerte".
Sáenz, uno de los organizadores de la marcha del 18F en homenaje a Nisman, se alineó en su dictamen con la querella encebezada por la magistrada de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y pidió que se siguiera la hipótesis del asesinato en base a estudios periciales sobre la muerte y detalles de la escena.
Palmaghini había rechazado el pedido para declararse incompetente y remitir el caso a la Justicia Federal, al considerar que no había pruebas concluyentes para ratificar que se tratara de un homicidio o un suicidio, aunque las querellas apelaron a la Cámara del Crimen y ahora el fiscal dictaminó en coincidencia.
"El objeto procesal de esta causa hasta el momento, lo constituye la hipótesis de que Alberto Nisman ha sido víctima del delito de homicidio", dijo Sáenz en su dictamen -no vinculante- al solicitar que la causa fuera investigada en el fuero federal porteño.
Fundamentos
Sáenz remarcó que Nisman investigaba el "mayor atentado" de la Argentina por la voladura de la AMIA, y que su muerte tuvo lugar cuatro días después de su "gravísima denuncia" por encubrimiento de ese hecho contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y su canciller Héctor Timerman.
Además, el fiscal tuvo en cuenta varias declaraciones testimoniales, entre ellas, la de la ahora ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la exasistente de Nisman, Soledad Castro, en cuanto a que al momento de morir Nisman estaba "abocado" a la presentación de su denuncia por encubrimiento ante el Congreso y que tenía buen estado de ánimo.
"Lejos de hallarse angustiado o deprimido, se encontraba satisfecho, de buen ánimo, plenamente convencido de la justicia de sus acciones, y abocado a la presentación que iba a efectuar ante los legisladores aquel 19 de enero", resaltó Sáenz, al descartar que en ese contexto Nisman pudiera haberse suicidado.
También evaluó los dichos de los peritos de la querella en cuanto a que las lesiones que tenía en su cuerpo demostrarían que fue asesinado.
Tomó en cuenta además las declaraciones de los dos médicos que llegaron primero al departamento de las torres Le Parc y que, luego de ver unas fotos tomadas por la Policía, dijeron que el cadáver había sido removido de su postura original.
"Comparto la tesis del recurrente referida a que los estudios periciales realizados sobre las manos de Nisman y sobre el arma utilizada demuestran que estamos en presencia de un homicidio", aseguró la Fiscalía, ya que no se encontraron restos de pólvora en la víctima, lo que daría cuenta que sí apretó el gatillo del arma calibre 22 utilizada en el hecho.
Sáenz recordó que pericias posteriores al hecho sobre el disparo de un arma del mismo calibre -y del cual se levantaron rastros incluso transcurridas veinte horas- demostraron que sí quedan restos de pólvora, lo que no ocurrió con el caso de Nisman.
Las pruebas "llevan a la conclusión indiscutible de que el arma que produjo la muerte de Nisman siempre deja residuos de disparo -deflagración- aún después de 20 horas de disparada, mientras que en las manos de la víctima no se encontró ninguna partícula", indicó.
Incluso hizo referencia a que el departamento de Nisman habría sido "limpiado", al no haberse encontrado allí ninguna huella dactilar pese a que hubo innumerable cantidad de personas.
Lagomarsino, investigado
El fiscal Sáenz recordó que él ya había considerado que el empleado informático Diego Lagomarsino, que trabajaba con Nisman y dijo haberle entregado el arma calibre 22 por seguridad, debía ser investigado en "todas las hipótesis delictivas", esto es, también por el homicidio o su encubrimiento.
Sáenz dijo que coincidía con lo expresado por las querellas en cuanto a la "poca credibilidad que cabe asignarle a los dichos de Diego Lagomarsino y del custodio Rubén Benítez en cuanto a que Nisman les solicitó un arma de fuego" a modo de protección personal.
"Los recurrentes sostienen con razón que la presencia en el departamento de Nisman del arma que le dio muerte no está avalada por una explicación lógica" debido a que las tres versiones dadas en la causa al respecto son "contradictorias" y sólo podrían ser corroboradas o no por el fallecido, detalló en el dictamen.
"Al estar ante la sola posibilidad" de que Nisman "haya sido asesinado", Saenz concluyó que "la investigación debe ser proseguida por la Justicia Federal de esta Ciudad".
Ahora el dictamen de Sáenz será evaluado por la Sala VI, que determinará si el caso debe ser investigado por la Justicia Federal: ya fijó audiencia para ampliar argumentos el 18 de marzo próximo a las 9.30.
