TIERRA DEL FUEGO.- El Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 1370, dispuso que desde este 7 de octubre, aquellas personas que regresen a Tierra del Fuego -por cualquier medio- deberán acreditar domicilio en la provincia y constancia de PCR mediante técnica de hisopado para detección de SARSS-CoV-2/ COVID 19 “no detectable” no mayor a las 72 horas o constancia de anticuerpos (IgG) positivos.
La medida surge a raíz del incremento de casos y la situación epidemiológica actual, la cual determinó que la provincia se encuentre en fase de circulación comunitaria del virus, no resulta necesario la realización de los 14 días de aislamiento, toda vez que los ingresantes provienen de otras provincias con idéntica característica de transmisión.
Asimismo, se aclara que desde este 7 de octubre se suspende el aislamiento para aquellas personas que regresaron a la provincia durante los últimos 14 días y que no tengan síntomas compatibles con COVID 19 o no estén cumpliendo aislamiento por alguna medida sanitaria dispuesta.
En ese sentido se recuerda la importancia de cumplir con las medidas de bioseguridad como distanciamiento social; uso de tapaboca; lavado frecuente de manos; airear y limpiar los espacios de la vivienda.
De igual modo, ante la presencia de algún síntoma compatible con COVID 19 como tos; dolor de garganta; dolor muscular; fiebre igual o superior a 37.5°C; pérdida del olfato o gusto, como así también en caso de tener contacto estrecho con resultado positivo, comunicarse al 107 y aislarse a fin de evitar la propagación del virus.
[8/10 16:45] +54 9 2901 58-2850: *PERSPECTIVA DE GÉNERO: “TRABAJAMOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y EMERGENCIAS ACTUALES”*
_Así lo aseguró la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Ana Andrade, al referirse a la capacitación en materia de género y violencia contra las mujeres y diversidades, tal como lo prevé la Ley N° 24.799 “Ley Micaela” y su adhesión provincial Ley N° 1.239._
El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas de Género y la Dirección Provincial de Formación Continua, brindó la capacitación introductoria “Ley Micaela: Abordaje conceptual sobre la perspectiva de género y la violencia contra las mujeres”. La actividad estuvo destinada a 90 servidoras y servidores públicos del Ministerio de Finanzas Públicas de Tierra del Fuego.
La actividad contó con la participación de la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Ana Andrade, y estuvo a cargo de la subsecretaria de Políticas de Género, Noelia Flores Laffitte, la directora Provincial de Género, Jesica Ojeda y el director Provincial de Formación Continua, Francisco Finck, en coordinación con la directora Provincial de Programas Específicos, Julia Cortázar.
La Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, expresó que “la Ley Micaela, nos propone repensar las desigualdades, y como Estado nos da la oportunidad de transformar cada acción; cada trámite; cada expediente; cada legajo y cada intervención en una política pública con la perspectiva de género en clave transversal”.
Durante la capacitación puntualizó que "cuando hablamos de la perspectiva de género, hablamos de la necesidad de identificar las políticas que cierran brechas, integrando todas las dimensiones que hacen a la vida de la mujer, de las niñas, niños y de las diversidades. Siempre desde el cuidado, la protección y hasta la inserción laboral”.
Y agregó que “tenemos la responsabilidad de generar herramientas para fortalecer y ampliar el accionar del Estado desde las distintas perspectivas que esto conlleva y con el objeto de achicar aquellas brechas de desigualdad”.
Al finalizar, Andrade concluyó que “desde el Ministerio trabajamos en una distribución de acuerdo a las necesidades, para empezar a lograr un balance de las emergencias actuales y una agenda política pensada desde los cuidados para los grupos más vulnerables”.
La Ley 27.499, fue sancionada en 2018 y lleva el nombre de Micaela García, una joven de 21 años que fue víctima de femicidio en Gualeguay, Entre Ríos. Esta norma establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en los tres poderes del Estado.
