Desde hace un tiempo, distintas oficinas del Estado pusieron en la mira al sector farmacéutico, en especial en materia de competencia en la venta minorista. Desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) vienen apuntando a las restricciones que ejercen las entidades del sector, relacionados a promociones de los medicamentos publicidad y atención de la seguridad social. Estas regulaciones –que incluyen el valor de los tratamientos –chocan con algunas leyes de libre competencia, y generan conflictos entre las partes. Coincidiendo con una mirada más liberal del gobierno, comenzó una tendencia de fallar en contra de estas regulaciones. Como sucedió el año pasado en la provincia de Buenos Aires, en estos días en Tucumán los mostradores fueron multados por esta situación. La medida incluye a las tres entidades locales, y según el fallo se trata de violaciones a la normativa, incluyendo la carterización del precio de los tratamientos.
El fallo fue aplicado por la Secretaría de Comercio de la Nación, a partir de un informe del CNDC. Según el portal tucumano Contexto, las sanciones son para el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán 5.900.042 de pesos), la Asociación de Farmacias de Tucumán con (328.087 pesos) y al Círculo de Farmacias del Sud con (225.710 pesos). La sanción es “por la cartelización de precios, por regular la inversión en publicidad y por determinar los horarios de funcionamiento de las farmacias de la provincia”. Según la resolución, el fallo busca “impedir el impacto de estas prácticas en los precios que pagan los consumidores por los medicamentos y productos de perfumería que se comercializan en farmacias”.
La CNDC determinó que este acuerdo consistía en prohibir o limitar descuentos a consumidores; prohibir publicidad relacionada con precios, descuentos u ofertas de medicamentos y artículos de perfumería; y limitar los horarios de apertura y cierre de las farmacias. La Secretaría de Comercio ordenó al Colegio, a la Asociación de Farmacias de Tucumán y al Círculo de Farmacias del Sud que se abstengan de prohibir la competencia entre sus asociados; que permitan efectuar descuentos sobre medicamentos y sobre artículos de perfumería; que permitan realizar publicidad que se encuadre dentro de la normativa legal vigente; y que no interfieran en la fijación de horarios de atención al público de sus farmacias asociadas. En 60 días las entidades deberán modificar o eliminar los artículos del reglamento de prestaciones farmacéuticas y del código de ética que contemplen dificultades o barreras a la competencia entre farmacias.
“La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sanciona y desalienta las prácticas anticompetitivas para cuidar a los consumidores y a las Pymes. La defensa de la competencia es clave para tener mercados más competitivos y transparentes, y poder así dinamizar a la economía y potenciar la inversión”, dijo el secretario de Comercio, Miguel Braun. La sanción impuesta por la Secretaría de Comercio busca evitar que la cartelización entre farmacias resulte en mayores precios de los medicamentos y peores condiciones de prestación de los servicios para los consumidores. El acuerdo instrumentado por las asociaciones afectó directamente a los consumidores al impedir que reciban mejores precios y calidad de prestación del servicio, ya que impedían la realización de mayores descuentos, mayor información sobre los productos disponibles y horarios de atención ampliados.
La conducta sancionada consistió en un acuerdo firmado por el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, la Asociación de Farmacias de Tucumán y el Círculo de Farmacias del Sud por el cual las tres entidades se comprometían a no efectuar descuentos superiores al 10 por ciento sobre el precio de venta al público de especialidades medicinales y otros productos de perfumería, como a regular los horarios de apertura y cierre de las farmacias. Asimismo, se encontró que ciertas obligaciones dispuestas por el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán impiden a las farmacias hacer publicidad sobre los medicamentos de venta libre y artículos de perfumería.
Otras restricciones impuestas por estas entidades, y específicamente por el Colegio a través de su Código de Ética, consistían en combatir toda actividad y competencia proveniente de cadenas de farmacias. Cualquier farmacia que hubiera querido operar en la provincia de Tucumán se encontraba en la obligación de adherirse a estas entidades para poder formar parte del sistema de cobro de las prestaciones farmacéuticas y contar con acceso a las principales obras sociales, mutuales y empresas administradoras de la salud, lo cual constituye una restricción a la libre competencia. Por otra parte, para asegurar el cumplimiento de estas condiciones estas entidades establecieron sanciones a aquellas farmacias que quisieran competir a través de precios más bajos o mejores servicios. Las sanciones consistían en la exclusión de los listados de prestadores de las tres entidades y, por lo tanto, del servicio de gestión de cobro de los medicamentos cubiertos por las mayores obras sociales de la provincia.
FUENTE: Miradaprofesional.com
