TOLHUIN.- Desde el Concejo Deliberante de esta ciudad, las autoridades locales alzaron su voz contra el reciente Decreto Nacional 333/2025, calificándolo de un ataque directo al corazón de la economía fueguina. La medida, que modifica aranceles e impuestos internos, es vista como una amenaza existencial al Régimen de Promoción Industrial de la provincia, Ley 19.640, que ha sostenido el crecimiento y poblamiento de Tierra del Fuego por décadas.
"No pedimos privilegios, pedimos humanidad", reza el comunicado, destacando que la industria fueguina no es un capricho, sino el resultado de una política de Estado que buscó la radicación de población en una región inhóspita y estratégica. Acusan al Gobierno Nacional de pretender "desmantelar lo construido en décadas" con una decisión "intempestiva y sin diálogo", lo que para ellos no es una transformación, sino un "exterminio".
Aunque Tolhuin no cuenta con grandes fábricas metalúrgicas, la comuna advierte que la caída del régimen industrial tendrá graves repercusiones locales. Los aserraderos, fundamentales para la producción de pallets utilizados en la cadena industrial de Ushuaia y Río Grande, verán afectada su actividad. Además, la estimación de hasta 15.000 puestos de trabajo en riesgo —entre empleos directos e indirectos— implicará una drástica reducción del consumo interno, impactando negativamente en el turismo y la economía general de Tolhuin, con miles de personas menos visitando la localidad.
La industria turbera, otra de las más importantes en Tolhuin, también se vería gravemente perjudicada. Actualmente, los camiones que llegan desde el continente con componentes para las fábricas regresan cargados con turba, optimizando costos logísticos. Sin ese movimiento industrial, estos transportes retornarían vacíos, encareciendo los fletes y afectando seriamente a este sector clave.
El Concejo Deliberante enfatiza que el régimen fueguino, vigente por más de 50 años, permitió el arraigo de casi 200.000 personas en un territorio que antes tenía una población escasa y mayormente extranjera. Concluyen exigiendo al Gobierno Nacional que revise la medida y abra un diálogo real con la provincia, subrayando que no se puede desconocer la historia ni tomar decisiones que afecten a toda una comunidad sin planificación, diálogo ni alternativas.
