USHUAIA.- Los ánimos venían caldeados. Desde hacía varios días circulaba en la capital fueguina el rumor acerca de una manifestación de los integrantes de la cooperativa ‘Mi Casa, Mi Techo’ en las oficinas municipales. Nadie imaginó que la situación iba a escalar tanto al punto de obligar a cerrar una dependencia por temor a que todo se torne más violento aún.
En efecto, lo que comenzó durante el fin de semana en sede municipal con una protesta de un grupo de personas que reclamaban soluciones habitacionales -con el apoyo del concejal Javier Branca– se convirtió en una toma del edificio de calle Arturo Coronado, donde funcionan la mayoría de las oficinas administrativas de la Municipalidad de Ushuaia.
La decisión de los manifestantes obligó a los funcionarios a cerrar las oficinas por temor a que la escalada violenta ponga en peligro a los trabajadores y los contribuyentes. Así lo hicieron saber con un comunicado donde informaron que “la decisión busca resguardar la seguridad de las empleadas y empleados municipales, como así también de los vecinos y vecinas”.
Extorsión filmada
Lo que siguió es más grave aún. Sin posibilidades de resolver pacíficamente la toma del edificio por la intransigencia del grupo, en las últimas horas se conocieron imágenes de una cámara de seguridad que muestra al representante de los manifestantes, Lucas Fernández, exigiendo una solución habitacional para sí mismo y un trabajo en la Municipalidad a cambio de levantar la ocupación.
“Yo quiero solucionar lo mío y me quedo tranqui”, dice claramente el líder de la agrupación, en el video que la Municipalidad de Ushuaia ya puso a disposición de la Justicia. El diálogo se da en el marco de las conversaciones que mantiene con el abogado municipal, Mauricio Neubauer, quien participó durante el día lunes del encuentro en la sede de Coronado junto a funcionarias de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial.
El lunes habían sido convocados para continuar con el diálogo por el reclamo que iniciaron la semana anterior, con acampe y permanencia en el edificio de la intendencia. Lejos de utilizar el tiempo de diálogo para avanzar en la resolución de los problemas, Fernández exigió una solución personal a cambio de levantar la toma, de la que participaban también mujeres y niños menores de edad.
Fernández es el líder que llevó adelante el acampe la semana pasada en Intendencia y que con violencia irrumpió el día lunes para tomar la sede de Coronado. Se trata de una persona oriunda de La Pampa, con antecedentes penales en la Justicia provincial.
Violentos
El jefe de Gabinete, Omar Becerra, la subsecretaria de Vivienda, Yanira Martínez y el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Ushuaia, César Molina, brindaron una conferencia de prensa para referirse a la toma del edificio de Arturo Coronado y las acciones legales impulsadas ante este hecho.
En ese sentido, Molina recordó que “esta situación que se está dando comenzó la semana pasada, en la intendencia, donde un grupo de personas, con la intención expresa de que se les solucione una cuestión habitacional, decidieron permanecer en el edificio. Ayer, durante la tarde, decidieron mantener ocupadas las oficinas y afectar el normal funcionamiento del Estado municipal”.
“En Arturo Coronado funcionan muchas oficinas. Entendemos que esta actitud realizada de manera violenta y a través de amenazas, requería la intervención judicial. Hicimos la denuncia correspondiente en la Comisaría Segunda y están actuando la Fiscalía y el Juzgado correspondiente”, develó el funcionario.
Asimismo, Molina contó que “estamos trabajando para que no se afecte el pago de salarios a empleados y empleadas, pero allí funciona la Tesorería y eso genera que hoy no se pueda hacer lo que debe realizarse. De igual forma, se garantizan el pago de salarios y las tareas de la fecha”.
“El diálogo con estas personas fue permanente y de hecho la semana pasada se reunieron con funcionarios municipales. En el día de ayer tuvieron reuniones en lo grupal o en lo particular con más funcionarios, porque se hace un seguimiento de cada caso a través de las áreas pertinentes”.
Así, sumó que en este marco “entendemos que hay que repudiar este tipo de intentos de sortear los mecanismos dispuestos por ordenanza a través de una toma de edificio público. Es una falta de respeto a las familias que se inscribieron hace años y vienen cumpliendo y esperando su turno para obtener su crédito o su terreno”.
