El 30 de septiembre, finaliza el decreto que impide desalojos y aumentos, y los inquilinos alcanzados por el congelamiento de precios se preparan para afrontar la diferencia acumulada en octubre. Mientras, crecen las denuncias por incumplimiento de la nueva ley o por presiones para aplicar incrementos.
El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, aseguró: "La situación es gravísima en materia de presión de inmobiliarias y propietarios para desalojos violentos sobre inquilinos e inquilinas que no pueden abonar el alquiler o que tienen deudas y que no saben adónde van a ir a vivir una vez que finalice el decreto", aseguró.
Para Muñoz, que también es referente de Inquilinos Agrupados, "si el decreto no se extiende, puede generarse una catástrofe, porque nosotros hicimos una encuesta sobre el mes de agosto y arrojó que el 30% de las personas que alquila no puede pagar el mes y, dentro de ese porcentaje, la mitad tiene deudas de dos meses o más de alquiler. Es algo así como 500.000 hogares inquilinos en la Argentina que tienen deudas de dos meses o más", calculó.
Según la Dirección General de Estadísticas y Censos, sólo en la ciudad de Buenos Aires el 35,2% de los hogares es de inquilinos y el porcentaje abarca a más de un millón de personas.
"Esto se va a seguir agravando en la medida en que no se tomen dos medidas básicas y fundamentales, que son la extensión del decreto y un plan de desendeudamiento de los inquilinos. El decreto prohíbe el desalojo, pero ¿cómo hace el inquilino para solucionar esa tensión que empieza a haber entre el que no paga y el propietario que no cobra?, ¿cómo se hace para garantizarle al inquilino que un día va a poder pagar el alquiler y va a tener que dejar de estar en esa situación que depende de un decreto?", se preguntó.
Muñoz destacó, además, que "los que acumulan varios meses de deuda son casi siempre las familias que tienen hijos, porque la gente que no los tiene encuentra más fácilmente un lugar para vivir o alguien que le dé una mano por un tiempo. Por eso, la mayor presión suele ser sobre mujeres solteras con hijos", explicó.
Por otra parte, expresó: "Las inmobiliarias tienen que decir que es una ley boomerang para justificar que después puedan aumentar los precios de los alquileres, para justificar el incumplimiento, para resguardarse de los privilegios que han perdido con la ley que ha tocado los privilegios del mercado inmobiliario. Ellos necesitan decir que la ley aumenta los precios, que es peor para los inquilinos para poder aumentar. Entonces es bastante cínico y es una actitud profundamente miserable en un momento tan delicado como este".
