BUENOS AIRES.- El senador nacional Pablo Daniel Blanco tomó una postura firme en defensa de Tierra del Fuego, presentando un proyecto de ley que busca la derogación inmediata del controvertido Decreto 333/25. Publicado el pasado 20 de mayo, el decreto reduce los aranceles a celulares importados, lo que, según Blanco, representa un grave perjuicio para el régimen de promoción industrial fueguino, considerado pilar fundamental para el desarrollo económico, social y estratégico de la provincia.
Blanco no dudó en expresar su rechazo categórico a la medida. "Este decreto viola años de esfuerzo, lucha y soberanía que nuestros pueblos han construido con sacrificio", declaró con contundencia. El legislador recordó que el régimen de promoción, establecido en 1972, fue una "decisión soberana de Argentina para fortalecer nuestra presencia en un territorio estratégico". Por ello, advirtió que no permitirán que "decisiones unilaterales y perjudiciales pongan en riesgo nuestro desarrollo y nuestra historia".
Riesgo para empleos y la soberanía económica
El Senador explicó que el subrégimen de promoción industrial fue concebido para robustecer la economía local y salvaguardar los derechos laborales e industriales de Tierra del Fuego. En este sentido, sostuvo que "la reducción de aranceles, la modificación del impuesto interno y la quita de beneficios para productos fabricados en la provincia, representan un daño directo a nuestra capacidad productiva".
Blanco fue más allá y enfatizó que la amenaza no es solo económica, sino también a la soberanía y la estabilidad social de la provincia. "Este decreto puede generar cierres de plantas, pérdidas masivas de empleo y una profunda regresión en el proceso de arraigo que tanto nos costó construir", alertó.
Por todo ello, su proyecto de ley no solo demanda la derogación del DNU, sino que también insta al Poder Ejecutivo Nacional a convocar "de forma urgente a una mesa de diálogo con todos los actores políticos, sociales y económicos de Tierra del Fuego". La prioridad, según el senador, debe ser encontrar soluciones que protejan el presente y el futuro de la provincia.
Para concluir, Blanco reafirmó su compromiso inquebrantable al reafirmar "mi compromiso es defender los derechos adquiridos por Tierra del Fuego, que no se negocian ni se venden. La provincia está en peligro, y no permitiremos que la ataquen contra nuestra soberanía y bienestar. Seguiremos de pie, luchando por lo que nos pertenece". Su postura refleja la creciente preocupación y la determinación de los líderes fueguinos frente a las políticas que perciben como perjudiciales para el futuro de la isla.
