Según consignó Telam, al no existir una conexión directa vía terrestre ni marítima entre Tierra del Fuego y la provincia señalada, residentes y turistas de Tierra del Fuego se ven obligados a pasar por Chile hasta la zona de Primera Angostura o Punta Delgada, donde sólo Tabsa ofrece el servicio del cruce del Estrecho de Magallanes.
Fepotra, sostiene que la necesidad de una alternativa de conexión marítima por aguas argentinas es importante por razones de soberanía y porque implicaría la recuperación del negocio del transporte de vehículos, de pasajeros y de productos, que actualmente administra la firma Tabsa.
“En principio decimos que se trata de un cruce soberano porque nos sacaría de la obligación de pasar por otro (país) para ir desde una provincia argentina a otra. Se trata de una necesidad vital y de garantía del derecho constitucional de libre circulación por nuestro territorio”, argumentó un integrante de Fepotra, Daniel Guzmán.
No obstante, la entidad estudió también las variables económicas detrás del cruce, mediante un trabajo que recopiló información oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA) la Dirección General de Migraciones (DGM) y la Dirección Nacionalidad de Vialidad (DNV), entre otros entes públicos.
Y los resultados arrojaron que durante los últimos cinco años, realizaron el cruce por Chile en ambos sentidos y, en promedio, unos 315 automóviles, 188 camiones y entre ocho y 9 colectivos diarios.
Además de los vehículos y pasajeros, atravesaron el Estrecho de Magallanes -en las barcazas de Tabsa- un promedio de 1.734.233 toneladas anuales de productos.
Cifras
“Aunque nos faltan actualizar los datos del último año y medio, hablamos de un negocio de unos US$40 millones que los argentinos entregamos a una empresa privada y monopólica extranjera”, sentenció Guzmán.
Según el análisis de la Fepotra, cada camión de carga de las fábricas electrónicas, plásticas o textiles de la isla, debe cubrir un sobrecosto de US$470,7 para pasar por Chile y llegar a Santa Cruz en su viaje a los grandes centros de distribución.
La Fepotra postula que el hecho de que Argentina tenga presencia en ambas costas de la boca oriental del Estrecho de Magallanes resultaría “estratégico” para el control de la actividad marítima comercial y petrolera en la zona, generando, además, “la oportunidad de desarrollar la industria naviera o proveedora de servicios”.
En este contexto, la expresidenta Cristina Fernández de Argentina, firmó en julio de 2015 el decreto 1423/15 que constituyó el denominado “Fondo Fiduciario del Cruce Marítimo Sur”, destinado a financiar las obras del cruce, aunque el aporte inicial de US$100 millones prometido por las autoridades nacionales nunca se materializó.
“Fue un anuncio realizado en Río Gallegos, juntos a los gobernadores de Santa Cruz y Tierra del Fuego, que parecía darle un fuerte impulso político al proyecto. Pero creemos que la ausencia de estudios serios de factibilidad hicieron que la idea no avanzara y el dinero nunca se depositó”, mencionó Guzmán.
Nueva iniciativa
Por ahora, la Fepotra impulsa una nueva iniciativa. “Es necesario juntar toda la documentación existente, sumar a las universidades públicas nacionales y crear un comité donde estén representadas las provincias involucradas. Estamos seguros de que el país tiene la capacidad para planear y ejecutar este cruce”, hizo hincapié el dirigente de la Federación de Transporte.
En tanto, la entidad sostiene que el cruce debe realizarse en el tramo más corto, entre Cabo Espíritu Santo y Cabo Vírgenes, situados a unos 30 kilómetros de distancia, al menos con dos buques portavehículos con capacidad para el traslado simultáneo de pasajeros, automóviles y camiones.
Los buques cubrirían el trayecto en un tiempo aproximado de una hora y media, y se realizarían ocho cruces diarios -considerando ambos sentidos de la navegación- entre instalaciones portuarias a construir, totalizando una inversión que, según la entidad, puede ascender a unos US$300 millones.
“Los buques se podrían construir en Argentina, en el Astillero Río Santiago. Hablamos de un cruce seguro, regular y permanente. Hablamos de la soberanía, pero también de una oportunidad de desarrollo económico para toda la zona”, finalizó Guzmán.
