Este accionar, disfrazado, de estrés laboral, ataques de pánico y depresión, además de dolencias relacionadas a la traumatología, entre otros, le están generando al Estado fueguino millones de pesos en tratamientos que no se realizan, suplencias de empleados que están sanos y pagos a profesionales quienes no ejercen su labor.
Los datos enunciados en este informe se procesan, actualmente, en la Dirección de Medicina del Trabajo y se desprenden de los registros oficiales de los certificados médicos presentados.
Cabe recordar que el primero en hacer público este accionar desleal fue el Ministro de Educación de la provincia, Diego Romero. A la denuncia del titular de la cartera educativa le siguió el secretario de Planificación, Gestión y Políticas de Salud de la provincia, Pedro Guillermo Seguí quien confirmó, que ya hay personas que han sido denunciadas en la Justicia por otorgar certificados médicos fraudulentos, y la investigación recién comienza.
Los docentes, en la mira
Entre otras cosas, y tomando solamente a la ciudad de Río Grande como referencia, de este informe se desprende que, el total de los certificados presentados por los docentes suman 10237 en lo que va del año. De ese total, 6451 son por enfermedades comunes y ya provocó 28761 días de inasistencia, es decir el 39,6% del total de la cantidad de certificados presentados.
Siguiendo con el sector docente, los certificados presentados por enfermedades de largo tratamiento, fueron 814 en 2016 y representan el 8% del total que suma 233067 lo que representa el 32,1% de los días de inasistencia.
Por otra parte, el total de los certificados que pertenecen a Educación representan el 56,3% del total el 60% de todos los días de inasistencia.
Con estos datos y considerando que un día de ausentismo docente le cuesta al Estado aproximadamente $1000 (sin tener en cuenta el costo del reemplazo que representa una suma similar), en lo que va del año este accionar docente ya ha generado en las arcas provinciales una disminución equivalente a la suma de $72.644.000, sólo en Río Grande.
Los de arriba
Por otra parte, cabe resaltar que estas practicas no son atribuidas sólo a los empleados comunes ya que se sabe que exfuncionarios de la primera línea de la gestión anterior, hoy están con licencias por largo tratamiento con diagnósticos de Salud Mental, con certificados extendidos de una manera poco transparente en el que se les diagnosticó stress y depresión, fobias y otras causas parecidas.
Existe otro caso relacionado a un exfuncionario, también de la gestión anterior, quien, estando en Buenos Aires, se le diagnosticó depresión, patología que se puede tratar en Río Grande pero, este “paciente” prefirió la atención de la capital mientras, sigue cobrando rigurosamente su sueldo fueguino. Según se supo, a esta persona ya se le ha cursado una carta documento para que se presente en una junta médica en Río Grande y, de no hacerlo, deberá atenerse a las consecuencias que se le dictamine.
Los profesionales, amigos entre ellos
Estos casos son una constante entre los mismos profesionales quienes, para argumentar una licencia, ya sea corta o larga, acuden a algún colega para que le diagnostique alguna patología que se adapte a las necesidades de la vacación a emprender. Tal es el caso del Psiquiatra quien se llama Miguel quien emitió, sólo en 2015, una cantidad que ronda los 900 certificados por 30 días, a distintos “pacientes” y cobró unos 3 mil pesos por cada uno unas de esos “favores”. La investigación indica que, sólo en 2015 y extendiendo este tipo de certificados, pudo alzarse con, al menos, 2 millones de pesos, lo que le causó al Estado, una pérdida que rondaría los $30 millones.
Este profesional es uno de los tantos que está siendo investigado y, producto de ese seguimiento, bajó un gran porcentaje la cantidad de certificados emitidos y empezó a dar el alta a esos “pacientes”, los cuales fueron corroboradas por una junta medica correspondiente. Sin embargo El Sureño pudo saber que el Psicólogo Alejandro Sosa, quien reside en Buenos Aires, extrabajador del Estado provincial y que se encuentra trabajando en la provincia de manera itinerante, tomó los casos que Miguel había dado de alta y que habían sido corroborados por la junta médica y les indicó licencias por largo tratamiento pasando por sobre el criterio de la junta médica. Un dato que no es casual, es que este mismo Psicólogo sería el mismo le firma las licencias fraudulentas a una exfuncionaria de la anterior gestión.
Una psicóloga
Datos a los que pudo acceder El Sureño, indican que la Psicóloga, Gilda Ruiz le certificó enfermedades a “pacientes” que no se encontraban en la provincia. Incluso, tiene una denuncia por usar el sello de su exmarido para hacerle recetas para administrarle psicotrópicos a su actual pareja quien, “las necesitaría de manera habitual”.
Esta psicóloga ya ha sido denunciada por el Estado provincial por falsedad ideológica, es decir, por certificar algo que no es cierto.
Cardiólogo inmortal
Otro de los casos polémicos es el de una persona se hacía pasar por médico cardiólogo. Según explicó el farmacéutico, Guillermo Seguí a Radio Fueguina, este médico trucho usurpaba la matrícula nacional de otro profesional.
Lo más curioso, es que si esa matrícula fuera cierta, esta persona tendría hoy más de 100 años de edad.
A pesar de la investigación realizada por el Gobierno, el hombre logró darse a la fuga y ya no está en la provincia, aunque la Justicia se encuentra trabajando para dar con su paradero. El Sureño pudo saber que se trataría del Jorge Zapata y trabajaba haciendo auditorías.
Datos que molestan
De un total de 18193, suman 11936, los certificados por enfermedades comunes, (enfermedades propias o licencias de corto tratamiento) representa el 65,6% e impactan en el 44,1% de los días no trabajados, es decir 53346 días de ausentismo sobre un total de 121020 días o jornales caídos.
Por otra parte, por largo tratamiento son 1422 certificados extendido que representan el 7,8% del total y provocaron el 32,1% de los días de ausentismo, o sea 38795 jornales caídos.
A un promedio de $1000 por jornal caído la pérdida asciende a $121 millones sólo en la ciudad de Río Grande. Estos datos son los registrados en lo que va de 2016 y, en Ushuaia, los datos son similares.
Totales
Si se toma a la totalidad de empleados públicos con los que cuenta la ciudad de Río Grande se puede afirmar que esa cantidad ronda los 8000 quienes deberían cumplir 180 días hábiles de labor en el año pero la realidad indica que el ausentismo rondaría el 8,4%, muy lejos del máximo que aconseja la Organización Internacional del Trabajo que indica que ese tope máximo no debe superar el 4,5%.
No obstante, el ausentismo en 2016 bajó un 20% respecto del año pasado que, a grandes rasgos, se posicionó alrededor del 11%, lo cual refleja la disminución en el comparativo 2015- 2016.
El límite del control es el porcentaje de ausentismo más bajo que se debe obtener con medidas de control y que ya se han comenzado a implementar. Según las autoridades provinciales “el límite es posicionar ese porcentaje de ausentismo por debajo del 6,5%”.
Todo, en manos de la justicia
El Sureño pudo dialogar con integrantes del Gobierno provincial quienes aseguraron que “estas prácticas están instaladas en las 'costumbres' o 'malas costumbres' en los empleados estatales y, si bien estaban reconocidas por la mayoría, nunca nadie contó con el apoyo suficiente para trabajar de manera adecuada y terminar con este accionar desleal. Ahora se está haciendo ese trabajo”.
Las mismas fuentes aclararon que “no todas las licencias por salud mental son truchas, por eso estamos trabajando a fondo con esto, para separar la paja del trigo”.
Código de ética y tribunal de disciplina
El Gobierno de la provincia se encuentra trabajando en un Código de Ética Profesional, que contempla la creación de un Tribunal de Disciplina para poder sancionar, más allá de la multa económica, a los profesionales que tengan faltas éticas como las que se mencionan en este informe, incluso, con suspensión de matrícula, imposibilitándolos a ejercer la profesión en todo el país.
