PROVINCIALES

El resarcimiento económico a ex ypefianos ya es ley

La Cámara de Diputados de la Nación sancionó finalmente la ley que establece un resarcimiento económico a favor de los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales que no adhirieron al Programa de Propiedad Participada luego de su privatización en el año 1991. En Tierra del Fuego, el reclamo fue encabezado por Miguel Karcz incluso hasta días antes de su deceso.

Los ex agentes de YPF podrán percibir sus indemnizaciones.
Los ex agentes de YPF podrán percibir sus indemnizaciones.
La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto para resarcir a ex trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que no fueron incluidos en el Programa de Propiedad Participada, implementado tras la privatización de la petrolera en 1991.

Tras un debate de cuatro horas, la iniciativa que volvió a Diputados con modificaciones del Senado fue sancionada por unanimidad con 215 votos, tras un consenso alcanzado en el cuerpo; alcanza a 36 mil ex agentes de YPF y dispone la entrega de 956 acciones de la empresa, con un piso de valor menor por la acción de 311 pesos.

En esta oportunidad, no se sumaron a la cuenta los votos de los diputados Facundo Moyano (Cultura Educación y Trabajo), Juan Casañas (Unión Cívica Radical) y María Schwindt (Frente Renovador), quienes en el momento de la votación estaban fuera del recinto y, aunque regresaron y pidieron su inclusión, fue rechazado su pedido por parte de la jefa del bloque kirchnerista, Juliana Di Tullio, quien consideró que se trataría de un antecedente peligroso para futuras sesiones.

El texto reconoce una indemnización por parte del Estado nacional para los ex agentes de la petrolera de bandera que se desempeñaron en la empresa hasta el 1° de enero de 1991 o, si fallecieron, sus herederos o derechohabientes, que no hayan sido incluidos en el Programa de Propiedad Participada.

La redacción final del proyecto fija un valor mínimo para las acciones, de 311 pesos, y elimina de la iniciativa original un artículo que suspendía por 150 días hábiles todas las causas judiciales llevadas a cabo por ex trabajadores para percibir las acciones de Propiedad Participada.

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