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GRAVE DESENLACE

La CONADIS lleva el caso fueguino ante la Secretaría Legal y Técnica de la Nación

Es por la demora de 16 de meses en la compra de vehículos para el traslado de discapacitados. Ante la falta de gestión, el organismo inscribió al Ministerio de Desarrollo Social de Tierra del Fuego en el libro Registro de Beneficiarios Morosos. Además, podrían reclamar la devolución de los fondos.

El documento remitido por la CONADIS es implacable. (Imagen: Captura TV Canal 13 de Río Grande).
El documento remitido por la CONADIS es implacable. (Imagen: Captura TV Canal 13 de Río Grande).
La denuncia administrativa que se presentó ante la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS) en el mes de agosto, tuvo contestación y según se resume en su párrafo más importante, Tierra del Fuego puede recibir una sanción legal y la pérdida del dinero que debía destinarse a la compra de vehículos especialmente adaptados para el traslado de personas con discapacidades.

La información fue develada por el programa televisivo ‘Político’, que se emite por Canal 11 de Ushuaia y Canal 13 de Río Grande, donde Graciela Muñiz Bravo -la denunciante- asistió para hacer públicos las razones que la motivaron a denunciar penalmente a la gobernadora Fabiana Ríos y al ministro de Desarrollo Social, Sergio Álvarez.

Según la contestación oficial, el Gobierno fueguino deberá dar explicaciones de las causas que alentaron a sus funcionarios a no utilizar el dinero que hace 16 meses está depositado en una cuenta bancaria provincial.

En su párrafo más importante, la contestación oficial asegura que “hacemos saber que el Comité Coordinador de Programas en fecha 27 de septiembre de 2011, ha resulto inscribir al Ministerio de Desarrollo Social de Tierra del Fuego en el libro Registro de Beneficiarios Morosos, por un importe de$ 519.636,22 y que vencidos los plazos conferidos para la interposición de los recursos administrativos correspondientes (art. 84 y subsiguientes del citado Decreto Reglamentario), las actuaciones habrán de ser remitidas a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaria Legal de la Presidencia de la Nación para el inicio de las acciones judiciales tendientes al recupero de fondos”.

Sin dudas, el Gobierno provincial -y en especial Sergio Álvarez- deberán brindar una explicación por demás convincente y la ciudadanía toda deberá rogar que la falta de gestión no afecte definitivamente a decenas de personas con discapacidad por la impericia para resolver una situación, que de acuerdo a lo expresado por la CONADIS, puede motivar el recupero de los fondos que nunca se usaron.


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