Municipio reclama se suprima el ‘Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales’

El secretario de Finanzas del Municipio de Río Grande, Federico Runin, confirmó que se intimó a Tesorería del Gobierno de la provincia que cancele fondos coparticipables que adeudan a pesar de contar con acuerdo de partes.

“La semana pasada hemos enviado una carta documento al Gobierno de la Provincia, específicamente a la Tesorera, a los efectos de que se libren los fondos para el cumplimiento del pago de un convenio por deudas tributarias que oportunamente firmamos en el mes de mayo”, explicó Runín.

Consultado sobre el monto de este convenio, detalló que “hablamos de un monto de 16,5 millones de pesos, convenio que empezaba a implementarse a partir del mes de julio y cuyo vencimiento operó sin que el mismo se pueda hacer efectivo”.

“A la par de esta carta documento, el Municipio también hizo un reclamo administrativo respecto de la deuda de coparticipación que asciende a un monto aproximado de 75 millones de pesos, lo cual sumado a este convenio impago, estamos hablando de una cifra que supera los 90 millones de pesos”, reveló el integrante del gabinete municipal.

El titular de la cartera de Finanzas confió que “esta situación complica las finanzas municipales, tal como ha comenzado a notarse desde principios de año y esto evidencia que desde el Ejecutivo municipal estamos necesitando de herramientas como el goteo automático, fundamentalmente para garantizar la autonomía financiera del Municipio, tal cual está estipulada en nuestra Carta Orgánica Municipal”.

No más Fondo de Financiamiento

A la par de necesitar del goteo automático, Runín aseveró que “tenemos que suprimir el artículo 25 de la Ley de Presupuesto (Ley Provincial 905) que es la que hoy configura la retención del 25 % de la coparticipación de recursos tributarios a los municipios”.

A modo de síntesis, insistió en que “hay que suprimir esta norma a los efectos de que se evite la retención mensual a los municipios de fondos que le corresponden o bien que se elimine el carácter ‘permanente’ de dicha disposición”.

El Artículo 25 de esta ley textualmente dice: “Incorpórese como fuente de financiamiento del ‘Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales’ destinado a solventar las políticas de servicios sociales en salud y educación, en las partidas presupuestarias de personal, bienes y servicios no personales, bienes de uso, y construcciones, el producido de la retención a los municipios del veinticinco por ciento (25 %) de los recursos que les corresponden por coparticipación de ingresos tributarios provinciales, los que serán deducidos de la liquidación en la coparticipación de dichos conceptos”.

El funcionario municipal argumentó que “acá no se ha podido llevar adelante el goteo automático a los municipios, y a lo no poderse hacer y encima retenerse este porcentaje, nos va a impactar negativamente en las finanzas municipales y estamos hablando de un monto anual de unos 60 millones de pesos, prácticamente casi el presupuesto destinado a obras públicas para este ejercicio ya que mensualmente se nos está reteniendo no menos de cinco millones de pesos por mes y esto debe ser modificado”.

Sobre los gastos operativos

Sobre la controversia de los gastos operativos, el doctor Federico Runín explicó que “son una especie de comisión que se cobra y se fija en porcentajes y tiene como contrapartida la liquidación de las remesas de coparticipación. Tanto la Nación los retiene cuando aplica la coparticipación federal a las provincias y la provincia igual los retiene de la masa de recursos provinciales a los efectos de transferirlos a los municipios”.

Agregó que “en estos gastos operativos tenemos una divergencia, tenemos un debate y tenemos una cuestión. Podemos decir, distintas maneras de interpretar el porcentaje de los gastos operativos con la provincia en el marco de un porcentaje que ha sido estipulado por el convenio que se firmó el año pasado en la Legislatura, porque en concepto de gastos operativos se cobraba al Municipio de Río Grande mensualmente la suma de 66 mil pesos y luego se generó un convenio entre los tres municipios, ratificado en la Legislatura provincial, a los efectos de que el costo de estos gastos operativos no sean tan elevados y para que los mismos bajen”.

En este sentido, el Secretario de Finanzas entendió que “hubo una interpretación equivocada por parte del Ministerio de Economía respecto de lo que nosotros interpretamos porque los gastos operativos no han bajado, sino que han subido y ahora estamos hablando de pagar unos diez millones de pesos por año a cada municipio. Entonces no se ha cumplido el fin del convenio que fue ratificado por la Legislatura”.