Yutrovic confirmó que “cuatro de cada diez” empleados son contratados

La ministro de Trabajo, Carolina Yutrovic, se metió en la polémica entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el Movimiento Popular Fueguino (MPF), generada a partir del proyecto preseNtado por el legislador Jorge Lechman para frenar la proliferación de 'contratos basura' en la industria provincial.

En declaraciones a Radio Fueguina, Yutrovic señaló que “el tema se trató en otras oportunidades y me tocó escucharlo por el año 2011 en la anterior campaña cuando estaba en la Subsecretaría de Trabajo”.

“En aquel momento, más que llamarlos ‘contratos basura’ se habló de la ilegalidad de esos contratos”, dijo, pero recordó que “hay un convenio entre la UOM y las cámaras empresarias que habilitaron dos tipos de contrataciones diferentes, y modificaron algunas condiciones básicas de la contratación de la Ley de Contrato de Trabajo”.

Explicó que “este convenio entre partes se firmó en 2010 y fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que le dio el marco de legalidad” y en cierto modo defendió la iniciativa que tendía a “modificar condiciones para propiciar el empleo”, distinto del abuso de las herramientas de contrato temporario en lo que se termina convirtiendo.

“En este convenio lo que se estableció fue, por un lado la creación de una figura asimilable al contrato por temporada, que son los que llaman ‘efectivos con prestación discontinua’. Hablamos de trabajadores permanentes con prestación discontinua. Por otro lado, está lo que se llamó ‘contrato joven’, no exclusivamente para jóvenes pero con prioridad a chicos de hasta 25 años, para habilitar líneas de producción de productos que se habían dejado de fabricar por una cuestión de ecuación de costos”, destacó.

Además, la funcionaria explicó que “se estableció una disminución de la cantidad de horas de trabajo y una disminución de lo que establece el salario del convenio colectivo de la UOM. En ningún momento el convenio estableció una contratación a plazo fijo en forma sucesiva”.

“Se puede decir que hay cierto abuso, pero no abuso del convenio, porque no establece esto. El trabajador con prestación discontinua tiene garantizado un mínimo de trabajo dentro del año, pero no la totalidad, y dice que no podrá trabajar menos de cuatro meses en el año. No suele ser así, el período de trabajo muchas veces es mayor, pero sólo cobra el salario cuándo presta su fuerza de trabajo a la empresa”, detalló.

A su vez, graficó que “la modalidad de contrato a plazo fijo se sigue rigiendo por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y tiene que haber un motivo en particular por el cual se haga el contrato a plazo fijo”, subrayó.

Yutrovich consideró oportuno “analizar si el proyecto presentado sirve como ayuda, para ver si hay empresas que estén cometiendo abusos sobre la forma de contratación. Es otra discusión y me parece bien que se dé. Pero hay que hacer un seguimiento al tema”.

Respecto de la cantidad de obreros metalúrgicos en situación de inestabilidad, indicó que son el 40 por ciento, equivalente a entre cinco mil y seis mil personas: “Hoy me preguntaban sobre los porcentajes y, por la información que manejamos en el Ministerio de Industria, la relación es 60-40. Son el 60 % efectivos y el 40 % con contratos”.

“Hay variaciones dentro del mismo año y variaciones por empresas, porque hay empresas que superan el objetivo del proyecto de ley y otras que están por debajo”, sostuvo y además, precisó: “Cada empresa tiene su modalidad de trabajo y hay que hacer una mirada en forma particular”.

Por otra parte, consideró que “si el efecto del convenio fue positivo o negativo, es una discusión permanente y en las paritarias se habla siempre de la efectivización. Pero los contratos a plazo fijo se rigen por la ley general”.

Aseguró que “se vienen aumentando las exigencias para la aprobación de los certificados de origen y la posibilidad de exportar. Pero no olvidemos que en la década del ’90, cuando se flexibilizan las leyes laborales, les fue quitada la posibilidad de control porque se desligó a las empresas de la obligatoriedad de informar tanto al sindicato como a la autoridad de aplicación la cantidad de contratos. Se sabía nominalmente a quiénes estaban contratando y eso se perdió con las leyes de flexibilización laboral”.

Ese sería uno de los aspectos que se recuperarían con el proyecto de ley en estudio: “Someramente puedo decir que una de las cuestiones que pretende recuperar el proyecto es la obligatoriedad de remitir mensualmente esa información, para que el Estado esté informado de la situación de empleabilidad y, en base a eso, tomar algún tipo de medidas de ser necesario”.

Finalmente, Carolina Yutrovic propició que “tratamos de que todas las empresas que vienen con nuevos productos, no solamente garanticen el tema de inversión sino los empleos. La mejor forma de garantizar todos los empleos, los permanentes y los temporales, es seguir generando actividad en la industria, renovación de productos, y que se vaya modernizando”.