RÍO GRANDE

“NO SOMOS EMPLEADOS DEL ESTADO”

Colegio de Veterinarios de Río Grande, en pie de guerra

El representante del Colegio de Veterinarios de Tierra del Fuego cuestionó la reciente normativa municipal que impone guardias obligatorias, y adelantó que será impugnada por vía judicial.

Colegio de Veterinarios de Río Grande, en pie de guerra

RIO GRANDE.- Adrián De Antueno, integrante del Colegio de Veterinarios de Tierra del Fuego, anunció que se presentará un recurso judicial para impugnar la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de Río Grande que establece la obligatoriedad de guardias veterinarias en la ciudad.

En declaraciones a El Delivery TDF,  De Antueno fue categórico al cuestionar la legalidad de la norma: “Los veterinarios no son empleados del Estado, ni empleados del Colegio de Veterinarios, y por eso no podemos exigirles que cumplan guardias”, sostuvo.

La ordenanza en cuestión obliga a los profesionales del sector a establecer un sistema rotativo de atención de urgencias fuera del horario comercial, medida que ha generado fuertes críticas por parte del sector, que la considera inaplicable, injusta y potencialmente inconstitucional.

De Antueno subrayó que los veterinarios son profesionales independientes, muchos de los cuales trabajan de manera autónoma o con estructuras pequeñas. “Esto no es un hospital público ni una estructura estatal. No tenemos el marco legal ni la capacidad logística para imponer este tipo de obligaciones. Es como pedirle a un abogado que haga guardias los fines de semana”, explicó.

Desde el Colegio se argumenta que la iniciativa vulnera principios básicos de la libertad laboral y que podría incluso afectar el ejercicio profesional, ya que impone cargas sin contraprestación ni recursos públicos asignados.

“Estamos de acuerdo en que la comunidad necesita respuestas ante emergencias veterinarias, pero esto no se resuelve obligando a colegas a trabajar en condiciones forzadas. Lo que se necesita es un sistema con apoyo estatal o convenios con clínicas que puedan asumir esas funciones con recursos”, remarcó De Antueno.

La judicialización de la norma abre un nuevo capítulo en el debate sobre el rol del Estado y las responsabilidades profesionales en contextos de salud pública animal, al tiempo que deja en suspenso la aplicación efectiva de la ordenanza en la ciudad.

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