BUENOS AIRES.- "Argentina no será tierra fértil para la llegada de delincuentes. Todos los condenados por cometer un delito serán deportados", afirmó categóricamente Manuel Adorni en una conferencia de prensa que tuvo un marcado tono de campaña. El vocero presidencial criticó duramente el sistema migratorio vigente, al señalar que "hoy entra casi cualquiera sin mediar preguntas" y que las normativas de deportación son "muy flexibles".
Según las cifras presentadas por el portavoz, alrededor de 1.700.000 inmigrantes habrían ingresado al país de manera irregular, un dato que el Ejecutivo esgrime como uno de los principales fundamentos de la nueva política. Adicionalmente, Adorni puso el foco en el acceso de ciudadanos extranjeros al sistema público de salud, detallando un gasto de 114 mil millones de pesos en ocho hospitales nacionales para atender a pacientes no argentinos.
El vocero fue enfático al declarar: "Actualmente, Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley. Entran delincuentes, continúan delinquiendo y no hay consecuencias. Con la implementación de estas medidas, esa situación cambiará radicalmente".
Dentro del paquete de reformas anunciadas, se incluye la habilitación para que las universidades públicas cobren aranceles a estudiantes extranjeros, si así lo deciden. Asimismo, se endurecerán los requisitos para obtener la residencia y la ciudadanía, exigiéndose ahora una permanencia continua de al menos dos años en el territorio nacional.
Estas medidas forman parte de una revisión integral de los criterios migratorios y del uso de servicios públicos por parte de ciudadanos no argentinos impulsada por el Gobierno nacional. No obstante, las declaraciones de Adorni han generado un intenso debate público, especialmente en un contexto de creciente tensión social, y han sido interpretadas por diversos sectores como un giro discursivo que combina elementos de populismo punitivo con una estrategia de búsqueda de apoyo político.
