BUENOS AIRES.- Luego de semanas de incertidumbre y operaciones cruzadas, el Senado de la Nación finalmente llevará a cabo la sesión para tratar la ley de Ficha Limpia. Los jefes de bloque, reunidos en Labor Parlamentaria, confirmaron la sesión para mañana a las 11:30, adelantando el horario previsto inicialmente. Además, se incorporó al temario la declaración de emergencia en Bahía Blanca, tras los recientes eventos climáticos adversos.
La sesión, que se había fijado semanas atrás, incluye también la aprobación de los embajadores argentinos en Estados Unidos y España, la ratificación de convenios internacionales y la designación de las autoridades de la Cámara alta, un punto de interés para la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La confirmación de la sesión llega tras días de especulaciones y contradicciones por parte del oficialismo, que llegó a asegurar tener los votos necesarios, para luego dudar de ellos. Sin embargo, más allá de la confirmación, no se descartan sorpresas de último momento, relacionadas con una puja de poder más profunda.
Un tema que quedó fuera de la discusión en Labor Parlamentaria fue el de las dietas de los legisladores, a pesar del comunicado previo de La Libertad Avanza. Sin embargo, el Frente de Todos anticipó que presentará un proyecto para poner un techo a los salarios de todos los funcionarios públicos.
La ley de Ficha Limpia, que busca impedir la candidatura de personas con condenas confirmadas por delitos contra la administración pública, como el caso de Cristina Kirchner, generó gran expectativa. La norma modifica las reglas de elegibilidad para cargos públicos y abarca delitos como fraude, cohecho, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y encubrimiento.
En Diputados, se eliminó la "cláusula Petri", manteniendo la vigencia de la Ficha Limpia en casos de condenas confirmadas en segunda instancia, siempre que la confirmación se produzca antes de la confección de los padrones electorales. La ley también impide la designación de personas con condenas por corrupción en cargos como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, embajadores y representantes en empresas estatales. La Cámara Nacional Electoral llevará un registro público de las personas alcanzadas por estas sentencias.
