Aramburu desmintió ‘sugerencias’ de Nación para evitar amarres de buques

El ministro coordinador de Gabinete, Guillermo Aramburu, desmintió “categóricamente” que el Gobierno nacional haya enviado instrucciones a Ríos para aplicar la polémica Ley Gaucho Rivero y prohibir el amarre de buques en el puerto de Ushuaia.

“Se desmiente categóricamente. El gobierno nacional no nos ha planteado nada, la decisión forma parte de la autonomía provincial, la ley es una ley provincial y la interpretación que hizo el Ejecutivo es sobre la base de una ley provincial. El único contacto a nivel nacional ha sido el anoticiamiento a la Cancillería argentina, en función de que esto podría tener repercusión en la política internacional que lleva adelante la Cancillería argentina”, dijo el ministro coordinador.

Consultado sobre la posición del Fiscal de Estado, que es quien controla la legalidad de los actos de gobierno, marcó su diferencia de criterio y ratificó la posición del Ejecutivo, por lo que se hará caso omiso a la recomendación.

“Como lo dije en algunos medios, yo desdoblo el tema en dos puntos. Uno tiene que ver con lo procedimental. El Fiscal de Estado lo que ha hecho es intervenir antes de la publicación de un decreto reglamentario. Esto lo establece la ley 3, que es la ley de procedimiento ante el Fiscal de Estado. Entre los elementos que analiza el Fiscal de Estado está la necesidad de contar con la opinión de Cancillería argentina, en función de la repercusión a la que hacía referencia recién, y se ha decidido previo a la publicación remitirlo a la Cancillería para tener la opinión”, explicó.

“En lo material no comparto el criterio del Fiscal de Estado, hay una mirada distinta, el Fiscal aduce encontrar argumentos en la interpretación que a mi juicio son inexistentes. Es decir, concretamente la ley no tuvo debate, no se expresó nada por parte de los legisladores, y él considera que debió interpretarse la nota de pedido, que en principio era un pedido de resolución que había hecho un grupo de ciudadanos ante un bloque político de la Legislatura. A la postre, no solamente fue ley sino que aparte se modificó el texto, y en el medio no hubo debate parlamentario. Entonces, yo no tengo por qué entender distinto de lo que entendí”, sentenció el funcionario.

Redujo la situación a “posturas encontradas, porque el Fiscal, sobre el texto literal de la ley, hace una interpretación restrictiva, considera que hay elementos que no están y a su vez aduce que nosotros hacemos una interpretación extensiva, que agregamos cosas que la ley no dice. Estamos en dos puntos de vista totalmente distintos”, simplificó, decidido a sostener la aplicación contra viento y marea.

Acerca de los reclamos de la cámara de comercio y de turismo, dijo “interpretarlos como un reclamo genuino. De hecho al día siguiente de haber aplicado la ley con el Star Princess convoqué a la Cámara de Turismo y vinieron 25 empresarios a verme para escuchar la explicación oficial que se les dio en aquella oportunidad. Considero que es genuino, pero es una mirada particular de un sector. No creo que sea lo que mira la sociedad en general”, afirmó.

Finalmente confirmó que si llegan al puerto buques con bandera de conveniencia o británica, se va a seguir impidiendo el amarre: “El criterio que se adoptó en función de la interpretación de la ley es para buques de origen inglés y que utilicen bandera de conveniencia, que el armador del buque sea inglés y que a su vez hayan explotado recursos naturales en las Malvinas. Esto es importante porque se tienen que dar las tres condiciones para que se aplique la ley: no todo buque que toque Malvinas no puede entrar en Ushuaia, no todo buque que sea de bandera inglesa no puede entrar en Ushuaia. Sólo el que cumpla los tres requisitos”.