USHUAIA.- Terra Ignis, la empresa estatal creada por el Gobierno de Tierra del Fuego para el desarrollo energético, vuelve a estar en el centro de la polémica. Su nuevo síndico, el contador Rafael Pereyra Ramos, admitió en declaraciones radiales que la firma ha realizado gastos importantes desde su constitución, a pesar de no haber iniciado ninguna actividad concreta.
En diálogo con Radio Provincia, Pereyra Ramos intentó defender el funcionamiento de la empresa, pero no pudo aportar la documentación que desde hace tiempo exigen los legisladores de la oposición y la ex síndica designada por la Legislatura, Ana Constanza Carro. Las dudas sobre el manejo de fondos públicos siguen sin resolverse.
El síndico detalló que el presidente de Terra Ignis es Maximiliano D’Alessio, quien además ocupa cargos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el FAMP, lo que había sido cuestionado por la Dra. Carro por una posible incompatibilidad de funciones. A esto se suma que la empresa funciona en oficinas ubicadas en dependencias oficiales tanto en Ushuaia como en Buenos Aires, a pesar de ser una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.
Pereyra Ramos aseguró que solo se integró el 25 % del capital social de la empresa, fijado en 300 millones de pesos, y que el resto será aportado por el Ejecutivo provincial “de forma inminente”. También informó que la planta de personal es reducida y que los sueldos se equiparan a los de empleados de comercio, salvo por los honorarios del abogado y el contador.
Respecto de las denuncias sobre una supuesta pérdida de 237 millones de pesos, el síndico lo atribuyó al “ajuste por inflación del capital inmovilizado”. Sin embargo, reconoció que se gastaron 19 millones de pesos en funcionamiento durante el último ejercicio, lo que considera razonable. Pero estos gastos siguen generando cuestionamientos, ya que la empresa no ha tenido actividad productiva desde su creación.
Hasta ahora, ni Pereyra Ramos ni los directivos de Terra Ignis han presentado documentación que respalde los movimientos financieros de la empresa. La falta de rendición de cuentas refuerza las sospechas de manejos poco claros y el pedido de los legisladores de contar con información precisa sobre cómo se usan los fondos públicos.
La ex síndica Ana Carro, que fue apartada de su cargo tras denunciar estas irregularidades, continúa reclamando explicaciones. Mientras tanto, crece la presión política y social para que el Gobierno provincial dé respuestas concretas sobre una empresa que, hasta el momento, solo ha generado gastos.
