USHUAIA.- A menos de una semana de la fecha estipulada, la tensión entre los profesionales de la salud pública de Tierra del Fuego y el Gobierno provincial se agudiza con la confirmación de un paro de actividades para el próximo jueves 15 de mayo. El Dr. Roberto Oyarzún, presidente del Sindicato de Profesionales de la Salud (SIPROSA), fue el encargado de anunciar la medida, subrayando el profundo malestar del sector.
“Estamos hablando de un conflicto que comenzó el 17 de marzo y, a casi dos meses, no tuvimos ninguna propuesta concreta. No hubo diálogo. Tuvimos tres reuniones, pero ninguna con soluciones reales”, explicó Oyarzún en una entrevista con FM Aire Libre.
La protesta, que se sentirá en los hospitales regionales de Río Grande y Ushuaia, garantizará únicamente la atención en los servicios de urgencia (UAR). Según el dirigente sindical, esta drástica decisión es el resultado de un proceso de reclamos progresivos que comenzó con una “alerta de movilización” y continuó con medidas de fuerza parciales, como la atención de un solo paciente por hora o la reducción en los horarios de los consultorios.
“El desgaste y el cansancio son visibles en las asambleas. Hay desmotivación y una gran frustración entre los colegas. A pesar de que no nos gusta llegar a esta instancia, es la única forma de hacernos escuchar”, señaló el titular de SIPROSA, quien además anticipó una alta adhesión a la medida.
Oyarzún también detalló que el impacto del paro podría variar entre las principales ciudades de la provincia. En Ushuaia, donde existen menos servicios tercerizados, se espera un acatamiento mayor. En contrapartida, en Río Grande, la significativa cantidad de personal contratado —quienes están obligados a prestar servicio— podría disminuir el alcance de la protesta, aunque aclaró. “De todos modos, hay muchos servicios donde no hay contratados y esos se van a adherir al paro”.
El problema de fondo, según el referente gremial, es doble. la dificultad para atraer nuevos profesionales y, fundamentalmente, para lograr que permanezcan en la provincia. “Las condiciones laborales no son las prometidas, los sueldos no se condicen con la realidad y muchos renuncian al poco tiempo de llegar. Un servicio que tenía 15 ginecólogos hoy tiene 6. El reemplazo de cada uno puede demorar hasta un año”, ejemplificó con preocupación.
Respecto a las negociaciones, Oyarzún informó que mantuvieron dos encuentros con el ministro de Economía y uno con la ministra de Salud. “Se comprometieron a evaluar alternativas, pero no hubo más contacto desde entonces. No tenemos con quién dialogar”, lamentó.
Actualmente, alrededor de 600 profesionales integran el sistema de salud pública fueguino, muchos de los cuales atraviesan una compleja situación económica frente a un sistema que, en palabras de Oyarzún, “no es competitivo ni en lo salarial ni en lo laboral”. La esperanza de SIPROSA radica en que, en los días que restan hasta el jueves, se abra una instancia real de negociación que permita desactivar la medida de fuerza y atender las urgentes demandas del sector.
