USHUAIA.- El representante de la Cooperativa Servicios Integrales de esta ciudad, Héctor Martínez, denunció una grave situación de "precarización laboral grotesca" que afecta a numerosos trabajadores en la provincia. En diálogo con FM Provincia de la ciudad de Ushuaia, Martínez explicó que el Estado provincial estaría utilizando mecanismos de contratación irregulares, incluso al margen de la ley, para personal que presta servicios en el Hospital Modular de Tolhuin y otros espacios públicos.
Martínez detalló que, tras ganar una licitación en 2023 para el hospital modular de Tolhuin, su contrato venció en junio de 2024. En lugar de proceder con una nueva licitación formal, como correspondería, el Estado optó por un esquema de "reconocimiento de gastos". El cooperativista explicó que este es un mecanismo excepcional, previsto para situaciones de emergencia, como una pandemia, y que "no está regulado por la Ley 1015, que es la ley de contrataciones del Estado".
La situación se complejizó cuando, a pesar de presentar nuevamente la mejor oferta en una licitación posterior, esta fue "dada de baja por el propio Ministerio de Salud". Desde entonces, la cooperativa y sus trabajadores continúan prestando servicios sin un contrato formal. "Así estuvimos la mitad del año pasado y este año también. Mes a mes presentamos un presupuesto, luego facturamos, pero no hay contrato firmado. Y lo peor es que nadie nos responde absolutamente nada", sostuvo Martínez con indignación.
La denuncia de Martínez se agrava al revelar que, en lugar de renovar formalmente la relación contractual, autoridades del hospital modular habrían ofrecido directamente a las trabajadoras desvincularse de la cooperativa y pasar a ser contratadas de manera directa, con la promesa de una futura planta permanente. "A nuestras compañeras las contactaron directamente, sin hablar con nosotros. Les propusieron dejar la cooperativa y pasar como contratadas. Es una práctica que se repite también en el hospital de Ushuaia", advirtió.
El representante de la cooperativa alertó sobre la irregularidad de este tipo de contratación individual, ya que obliga a las trabajadoras a facturar como proveedoras del Estado sin tener otros clientes y cumpliendo horarios fijos, lo que, según Martínez, "cualquier abogado laboralista te va a decir que eso es trabajo en negro encubierto". La incertidumbre es tal que el gremialista manifestó su incapacidad de dar respuestas claras a sus compañeras, aunque entiende que la necesidad las lleva a aceptar estas condiciones.
Martínez señaló que esta situación de precarización se extiende incluso al ámbito educativo, donde "directamente los hacen entrar como voluntarios. Te pagan una 'ayuda voluntaria' y listo. No hay aportes, ni jubilatorios ni de salud. Por lo menos con el monotributo algo aportás".
Actualmente, la cooperativa nuclea a unas 35 personas activas entre Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, con otros contratos en curso, pero siempre bajo condiciones adversas. "Seguimos prestando un buen servicio, nos siguen eligiendo, pero se nos hace difícil cuando el propio Estado no te da ninguna respuesta", concluyó Martínez, evidenciando la compleja realidad que enfrentan los trabajadores y las cooperativas que intentan brindar servicios al Estado provincial bajo estas condiciones.
