El objetivo de este informe es demostrar la necesidad de que Argentina considere a la deforestación ilegal como lo que realmente es: un crimen.
Recordemos que en noviembre de 2007 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la Ley de Bosques. La norma incluyó la suspensión a los desmontes hasta que cada provincia realice un ordenamiento territorial de sus bosques nativos. Además, estableció la obligatoriedad de efectuar estudios de impacto ambiental y audiencias públicas antes de aprobar un desmonte, y protege los bosques utilizados por comunidades campesinas e indígenas.
Los bosques nativos concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta y de ellos obtenemos bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas. Las selvas y bosques son hogar y sustento de miles de comunidades y juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Son posiblemente nuestro patrimonio natural más importante, pero también el más amenazado y depredado.
Resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y que, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente. Por otra parte, en muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa.
Fuente El Federal
