USHUAIA.- La anunciada remodelación del Anexo 4 del Servicio Penitenciario en Ushuaia, que implica una inversión de $220 millones, está levantando serias sospechas. Pese a que recientemente el viceministro de Gabinete provincial, Jorge Canals, presentó como un avance en materia de seguridad, la realidad constructiva de la obra, al parecer dista mucho de ser seria o transparente ya que la estructura se está levantando con paneles tipo Durlock y montantes metálicos, materiales que resultan impropios para la edificación de una cárcel segura y duradera.
Bajo la justificación de una supuesta "emergencia en seguridad", se estarían canalizando importantes fondos públicos hacia una obra que parece diseñada más para beneficiar a contratistas que para resolver los problemas estructurales del sistema penitenciario fueguino. Mientras se anuncian futuras cocinas y talleres, el enfoque constructivo genera serias dudas sobre la calidad de la edificación, su durabilidad y el verdadero destino de los recursos.
Esta obra, lejos de representar una mejora institucional, parece reproducir un esquema ya conocido en la obra pública argentina relacionado a presupuestos inflados, utilización de materiales de baja calidad y un manto de opacidad que impide conocer con precisión quiénes son los verdaderos beneficiarios de la inversión.
Existe el temor de que lo que hoy, el viceministro Jorge Canals presenta como una "inversión en seguridad" termine siendo un símbolo más del presunto desvío de fondos y de una corrupción estructural que, según las voces críticas, persiste en el manejo de la obra pública.
