Gobierno veto de forma parcial la ley que prohíbe locales nocturnos

El Poder Ejecutivo resolvió vetar parcialmente el proyecto de ley que prohibe “la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración o explotación de manera ostensible o encubierta de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites o locales de alterne”.

Según publicó el Diario del Fin del Mundo, la norma sancionada por unanimidad en la sesión legislativa del pasado 24 de abril, estableció que la Subsecretaría de Comercio Interior será autoridad de aplicación de la ley tanto en lo referente a la clausura de los locales alcanzados en la prohibición como a la “protección y contención a las personas y su entorno familiar que resulten víctimas de trata”.

Justamente el Ejecutivo objeta, con buen criterio por cierto, que se haya puesto en cabeza de la Subsecretaría de Comercio Interior el tener que atender a las víctimas de trata o de explotación sexual, cuando en realidad sus funciones están dirigidas a atender cuestiones vinculadas con la defensa de los derechos de consumidores y el combate a conductas especulativas.

Es de tener en cuenta que el ministerio de Desarrollo Social también cuestionó la decisión legislativa de crear, en el marco de esa normativa, una comisión provincial de lucha contra la trata de personas y de contención y recuperación de víctimas de la explotación sexual”, por entender que tal objetivo puede lograrse “mediante el uso espacios o herramientas institucionales existentes dentro de la órbita del Poder Ejecutivo”.

En tanto, desde la Secretaría de Derechos Humanos se observó el artículo que dispone derogar toda norma, en especial de carácter tributario, que resulte opuesta a los objetivos de la ley impulsada por el parlamento.

Estos dos cuestionamientos no fueron compartidos ni por la Secretaría Legal y Técnica ni por la Gobernadora, por lo cual el veto se aplicó únicamente sobre el artículo que definió a la Subsecretaría de Comercio Interior como autoridad de aplicación.

Todo parece indicar que el Parlamento consentirá este veto parcial, claro que ello implicará que el resto de la norma no pueda aplicarse por no haber autoridad responsable de hacerla cumplir. Por ello, la Legislatura deberá resolver sino resulta más conveniente y práctico rechazar el veto parcial y de manera simultánea modificar el proyecto poniendo en cabeza de la subsecretaría de Comercio Interior las clausuras y en la del ministerio de Desarrollo Social la atención integral de las víctimas de trata y de explotación sexual.