La comunidad indígena Huarpe demandó penalmente al fiscal de Estado de Mendoza, Fernando Simón, ante lo que consideraron dilaciones por no hacer efectiva la expropiación de unas 780.000 hectáreas que la Corte Suprema de Justicia provincial ordenó en 2008, lo cual califica de delito de violación de los deberes de funcionario público.
La denuncia también involucra a ex funcionarios provinciales y municipales. Concretamente, los denunciantes sostienen que el funcionario habría realizado una serie de omisiones e incumplimientos para no hacer efectiva la Ley de Expropiación de unas 780 mil hectáreas ordenada en 2008 por la Corte provincial.
La presentación fue realizada por uno de los líderes de los pueblos originarios del norte mendocino, Ramón Tello, junto al abogado de las comunidades, Fidel Bustelo, y recayó en la fiscalía de Capital a cargo de Mercedes Moya.
“Esto es un verdadero escándalo político. No debe haber en el mundo una demanda de expropiación iniciada por un Estado que haya sido ‘planchada’ durante 15 años”, explicó Tello a medios locales en el Instituto de Asuntos Indígenas de la Nación (INAI).
El documento solicita a la Justicia que no sólo se investigue a Simón -conocedor del tema, pues fue secretario Legal y Técnico durante el gobierno de Celso Jaque- sino también a funcionarios del Ejecutivo, de la Fiscalía de Estado y del municipio de Lavalle -durante las gestiones de los justicialistas Celso Jaque y Francisco Pérez-, quienes habrían contribuido a “cajonear” la expropiación.
Hace 5 años se inició el proceso de expropiación y todavía no ha finalizado la primera etapa procesal, ni siquiera se ha notificado a los demandados.
