Además, sostuvo que la causa debía tramitar ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dado que el demandado es el Estado Nacional, además de la provincia de Santa Cruz. Mediante un fallo unánime intimó a suspender las obras en las represas hasta tanto no se implemente el proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia previsto en la Ley 23.879 (Ley de Impacto Ambiental de Obras Hidráulicas con Aprovechamiento Energético).
"La sentencia definitiva, dada la importancia de la obra, deberá ser pronunciada con la mayor diligencia, es decir, pronta y eficazmente", consignó la resolución firmadas por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Héctor Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
No obstante, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia presentó un recurso a la Corte Suprema para que dictara una medida cautelar que detuviera las obras y ordenara la elaboración de un estudio sobre los ataques al medioambiente que suponía la construcción de esos dos proyectos.
Invocaron la falta de estudios para determinar cuál sería el impacto ambiental que las represas podrían causarle al ecosistema, en particular al Lago Argentino, a los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala, y al Parque Nacional Los Glaciares, detalla.
Las infraestructuras, ubicadas sobre el río Santa Cruz, comenzaron a construirse con financiación de China gracias a un acuerdo de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) con el Gobierno del país asiático en 2015 con el objetivo de abastecer de energía a esa región del sur de Argentina.
La medida cautelar del máximo tribunal no incluyó las tareas preliminares del proyecto, tales como las obras de sondeo geotécnicos exploratorios, actividades de estudio de base para el proyecto, caminos de acceso, construcción de villas temporarias y ejecución y funcionamiento de obradores.
En su momento, requerido según el procedimiento del amparo, el Estado Nacional indicó que, si bien no hubo audiencias públicas, se habían realizado "jornadas informativas" entre el 13 y 15 de octubre de 2015 en las localidades Comandante Luis Piedrabuena, Puerto Santa Cruz y El Calafate.
