Legisladora Rojo se reunió con Mayoral por el Libre Deuda Ambiental

La legisladora por el Partido Patagónico Popular (PPP), Laura Rojo, se reunió en Buenos Aires con el Lic. Alejandro Mayoral, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónicas (AFARTE).

En la oportunidad, la parlamentaria fueguina le explicó al titular de AFARTE, los alcances de su proyecto sobre el Libre Deuda Ambiental (LDA) que es impulsado en la Legislatura provincial y que ya tiene dictamen favorable. Mayoral, por su parte, aseguró estar al tanto de los detalles del proyecto de Rojo.

Cabe destacar que este proyecto remite a la importancia y urgencia de implementar un moderno Sistema de Certificación Ambiental basado en el control estatal de la trazabilidad y disposición final de los residuos generados por las industrias radicadas en Tierra del Fuego bajo el régimen de la Ley 19.640.

Esta Ley, que es insistentemente impulsada por Laura Rojo, pretende que cada empresa deba presentar su Libre Deuda Ambiental (LDA) para gestionar cualquier tipo de trámite o acción legal dentro del marco de la 19.640.

Según explicó Laura Rojo, “este tiene que ser un requisito exigible y fundamental al igual que lo es hoy el Libre Deuda Fiscal, por ello, cada empresa deberá cumplir con todo lo relacionado a la Ley de Libre Deuda Ambiental para poder trabajar de manera normal y regular. Lo que quiero destacar es que con esta ley no estamos poniendo trabas de ningún tipo sino que le estamos dando una nueva herramienta a las industrias para dotar a los productos fueguinos de una mejor calidad y para que sean más competentes tanto en el mercado nacional como en el plano internacional”.

“Además, será un beneficio para los municipios, el Estado provincial y, principalmente, para los vecinos quienes son los conviven con estas grandes empresas y que hoy sufren por sus desechos”, destacó la parlamentaria fueguina.

Es importante aclarar que el 70 por ciento de los residuos que se generan en la provincia son de origen industrial y sólo el 30 es de origen domiciliario y que esto, según la visión de Rojo, “genera un enorme gasto a la provincia como también a los municipios y somos los funcionarios los que debemos trabajar para revertir esta situación”.