Para el Social Patagónico, arancelar la salud “no arregla los hospitales”

El Partido Social Patagónico (PSP) expresa su enérgico rechazo a la insistencia aprobada por algunos sectores políticos en la Legislatura respecto del arancelamiento de la atención pública de salud en Tierra del Fuego.

Esta gestión de gobierno encabezada por Fabiana Ríos, desde el primer día de su mandato asumió el compromiso y la tarea de orientar los esfuerzos para la ampliación de la base de derechos de esta comunidad, con el profundo convencimiento que es éste y no otro es el modo de construir entre todos los fueguinos y fueguinas un horizonte a la altura de las necesidades y valores de nuestro pueblo.

Con este objetivo, se tomaron medidas que fueron pioneras en nuestro país y el continente, como la celebración del primer matrimonio igualitario de Latinoamérica, el reconocimiento como actor gremial a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), y el acceso irrestricto a la atención pública de salud para todos los habitantes de Tierra del Fuego.

El desarancelamiento hospitalario no tuvo ni tiene otro objetivo que el de desterrar el estigma de ‘ciudadanos de segunda categoría’ que padecen los que menos tienen.

Este sistema que equiparó a todos los ciudadanos en una posición de igualdad frente al estado, fue criticado, manoseado y abusado por muchos, para quienes la solidaridad es sólo una palabra y no una conducta de vida para con quienes tenemos al lado.

Por este motivo, y con la humildad de reconocer que todas las medidas y políticas públicas encaradas por esta gestión son perfectibles, en septiembre del año pasado, el Ejecutivo presentó ante la Legislatura un proyecto de financiamiento del sistema de salud, que mantiene la gratuidad en el acceso a la salud para todos los ciudadanos y pone el énfasis en el control y efectivización de cobro a terceros pagadores como obras sociales, mutuales, seguros, prepagas y otros organismos encargados de velar por la salud de sus afiliados.

Los proyectos presentados por el Movimiento Popular Fueguino (MPF) y el Partido Justicialista (PJ), unificados y con dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto y Economía de la Legislatura, y que hoy fueran insistidos en conjunto con los votos de la Unión Cívica Radical (UCR) luego del veto del Ejecutivo plantean un enorme retroceso en el acceso a la salud pública en Tierra del Fuego.

Quienes sostienen esta postura, lo hacen desde un profundo desconocimiento del área sanitaria y los retos que ésta presenta hoy de cara al futuro.

El arancelamiento de un servicio esencial, responsabilidad ineludible del estado, está a contramano de los tiempos que corren en la provincia, el país y el mundo, que indican la aplicación de políticas universales, inclusivas y solidarias que garanticen la igualdad y equidad en el acceso a la satisfacción de necesidades básicas que constituyen derechos humanos.

Volver a arancelar los hospitales no arregla ni deja de arreglar la salud pública en Tierra del Fuego, pero sí representa una pérdida irreparable del derecho de cada fueguino de ser tratado como un igual frente al Estado.

Estamos convencidos que pedir un certificado de pobreza para el acceso a la salud pública no es la manera de resolver ninguno de los desafíos de estos tiempos. Es en el esfuerzo solidario de todos los fueguinos como avanzaremos hacia una sociedad más equitativa, justa, próspera e inclusiva.