RIO GRANDE.- Tal como lo había anunciado el vocero presidencial Manuel Adorni, Nación publicó el Decreto 333/2025, que introduce cambios significativos en el esquema tributario para varios bienes tecnológicos y de consumo. Esta decisión se enmarca en la autorización del Mercosur que permite a Argentina aplicar alícuotas diferenciales al Arancel Externo Común (A.E.C.) para Bienes de Capital (BK) y Bienes de Informática y Telecomunicaciones (BIT) hasta fines de 2028.
Una de las modificaciones más destacadas es la reducción del Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) para teléfonos inteligentes y celulares portátiles. A partir de la entrada en vigencia del decreto (20 de mayo de 2025), estos productos tributarán un 8%, y a partir del 15 de enero de 2026, la alícuota se reducirá a un 0%. Esta medida busca mejorar las condiciones de oferta y reducir los precios de mercado, facilitando el acceso de los consumidores a estos productos y promoviendo la inclusión digital.
Además, se elimina la posición arancelaria de las videoconsolas y máquinas de videojuego del Anexo V del Decreto 557/23, lo que significa que su D.I.E. pasará del 35% al 20%, equiparándose al Arancel Externo Común.
El Decreto 333 también introduce cambios en los impuestos internos para una serie de mercaderías. Se establece una tasa del 9,5% para bienes como máquinas y aparatos de aire acondicionado y sus partes, grupos frigoríficos, ciertos teléfonos y monitores/aparatos receptores de televisión.
El impacto fueguino
Un punto a destacar es que, cuando estos bienes sean fabricados por empresas beneficiarias del régimen de la Ley N° 19.640 (es decir, producidos en Tierra del Fuego y con acreditación de origen en el Área Aduanera Especial), la tasa del impuesto interno será del 0%. Esta exención temporal, que rige desde la entrada en vigencia del decreto hasta el 31 de diciembre de 2038, tiene como objetivo disminuir los costos de fabricación de estos productos en la provincia, mejorando su competitividad y fomentando la inversión productiva en el sector.
Según el Gobierno, estas medidas buscan mejorar las condiciones de oferta de los bienes alcanzados, reducir sus precios de mercado y, consecuentemente, facilitar el acceso de los consumidores, impulsando la inclusión digital y el desarrollo tecnológico en el país. El decreto se dicta en ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo para modificar derechos de importación y tasas de impuestos internos, y ya fue comunicado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación.
