La decisión judicial, tomada por el magistrado Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, anuló, 40 minutos después de producirse, el acto por el que Lula fue juramentado por Rousseff.
El abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, anunció que apelará la decisión.
El magistrado sugirió que Rousseff podría haber cometido un delito y argumentó que si Lula asume el cargo, tendrá poder para realizar una "intervención indebida y odiosa" en la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.
La acción del juez respondió a una demanda presentada por los partidos de la oposición, que fundamentaron su petición en las causas abiertas por la Justicia contra Lula, quien está investigado en diversos procesos y ha sido acusado formalmente de delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
En su sentencia, el juez también señala que Rousseff podría haber incurrido en un delito de "responsabilidad" al nombrar a Lula, puesto que la ley veta al presidente de la República cometer actos contra "la probidad" de la administración pública.
Los delitos de "responsabilidad" son uno de los motivos por los que la Constitución permite realizar un juicio político con el objetivo de destituir al jefe de Estado.
En este sentido, el juez ordenó que se informe de los hechos a la Procuraduría General del Estado y al presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, quien es la autoridad competente para impulsar los juicios políticos.
Lula había asumido el cargo en medio de protestas de grupos opositores y manifestaciones de apoyo.
Lula, salpicado por sospechas de corrupción, fue juramentado por Rousseff en un acto realizado en el Palacio presidencial de Planalto, que fue cercado por cientos de personas que expresaban su apoyo al Gobierno o su rechazo al ingreso del exmandatario al gabinete.
A la ceremonia asistieron decenas de parlamentarios de la base oficialista que recibieron a Lula y a Rousseff al grito de "no habrá golpe", en alusión al trámite con miras a un posible juicio político contra la mandataria, que será retomado en la Cámara de Diputados.
Un diputado opositor fue retirado cuando Rousseff debió suspender el inicio de su alocución. El legislador del partido opositor Solidaridad comenzó a gritar "Vergenza" y fue retirado por agentes de seguridad.
El nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia, el cargo más influyente del Gobierno, ha generado un terremoto político por los problemas que el exmandatario enfrenta en la Justicia, que se agravaron con la difusión de unas polémicas grabaciones que sugieren que la mandataria intentó influir a su favor.
La seguridad en el Palacio de Planalto ha sido reforzada con decenas de policías y el tránsito de vehículos fue restringido en torno a la Plaza de los Tres Poderes, donde también se sitúan las sedes del Congreso y de la Corte Suprema.
En esa plaza se concentraron manifestantes tanto a favor como en contra del Gobierno, que llegaron a enfrascarse en incidentes que no llegaron a mayores.
Las grabaciones que agravaron la crisis fueron divulgadas este miércoles por el juez Sergio Moro, del sureño estado de Curitiba y responsable de la investigación en la petrolera estatal Petrobras, que afecta a decenas de políticos, entre los que está el propio Lula.
La condición de ministro le garantizaba un fuero privilegiado y supondrá que las causas en su contra salgan de la órbita de Moro y pasarán a la Corte Suprema.
La difusión de los audios y la sospecha que de Rousseff designó a Lula ministro para demorar el proceso llevó a miles de personas a protestar en todo el país y exigir la destitución de la mandataria, como el pasado domingo ya lo habían hecho 3,5 millones de personas en la mayor manifestación política de la historia brasileña.
También tras conocerse esas grabaciones, la Cámara de Diputados decidió retomar el trámite para un posible juicio político contra Rousseff, cuyo apoyo en el Congreso ha ido menguando al calor de la severa crisis política en la que se ha sumergido el país.
De hecho, una vez que fueron difundidas las grabaciones, el Partido Republicano decidió abandonar la coalición de Gobierno y se posicionó en favor de la destitución de Rousseff.
Esa formación cuenta con 21 de los 513 diputados y solo uno de los 81 senadores, números no muy significativos pero que son cruciales para el Gobierno frente a un posible juicio político contra la mandataria.
