Vuelve la atención arancelada a los hospitales públicos de la provincia

La Legislatura de Tierra del Fuego decidió en sesión ordinaria, insistir el veto del Gobierno provincial a la ley impulsada desde el bloque del Movimiento Popular Fueguino (MPF) rearancelando el sistema de salud pública de la provincia.

La norma había sido votada afirmativamente por los parlamentarios en diciembre pasado pero pocos días después, Fabiana Ríos emitió un decreto que la vetó totalmente por considerar que creaba “una barrera sobre todo para los sectores más vulnerables”.

Sin embargo, y casi sin que se conociera en la previa la decisión, el Parlamento decidió insistir en la normativa que contó con ocho votos positivos y tan solo cuatro en contra, quedando así firme la decisión de volver a arancelar la atención en hospitales y centros de salud pública de la provincia.

La decisión contó con el apoyo de los legisladores Juan ‘Pipo’ Rodríguez, Liliana Martínez Allende, Damián Löffler, Jorge Lechman, Claudia Andrade, Laura Rojo, Susana Siracusa y Eduardo Barrientos.

Por otro lado, plantearon su postura en contrario Myriam Martínez, Juan Carlos Arcando, Amanda Del Corro y Adrián Liendo. Cabe recordar que estuvieron ausentes y no formaron parte de la sesión los parlamentarios Pablo Blanco, Héctor Tapia y Fabio Marinello.

La iniciativa, contó además con el aval de los sindicatos que nuclean a los trabajadores de los nosocomios y centros de salud por considerar que el arancel que se cobraba por atención médica permitía contar con recursos de forma permanente para cubrir demandas básicas del sistema público de salud.

Además, argumentaban que no podía considerarse un ‘impuesto al pobre’ porque en definitiva, quienes no podían costear el valor del bono de atención contaban con los mecanismos -agiles y permanentes- necesarios para poder justificar dicha situación a través de profesionales que entrevistaban a los pacientes en el lugar mismo.

Una medida polémica

Cabe recordar que el Gobierno provincial puso en funcionamiento el desarancelamiento del sistema de salud pública de Tierra del Fuego el 21 de abril de 2008 mediante el Decreto 616/08 firmado por la gobernadora Fabiana Ríos.

De hecho, dicha medida había sido una promesa de campaña y establecía que los montos que se percibían en concepto de cobro directo, unos 40 mil pesos mensuales en aquel momento, se transferirán a partir de allí a los nosocomios en forma mensual por el Ministerio de Economía, a través del Fondo de Solvencia Social.

Sin embargo, los problemas se volvieron permanentes y si el dinero llegó a los nosocomios, no se notó porque a partir de esa fecha el deterioro fue progresivo al punto de llegar a la situación actual, donde la falta de insumos y la escasez de recursos se volvió un drama crónico.

Ante este panorama, en diciembre pasado se aprobó en sesión especial, y con voto dividido, el rearancelamiento del sistema de salud pública con el objeto de dotar de fondos de manera permanente a hospitales y centros de salud.

La norma en cuestión fue aprobada con los votos de los parlamentarios Pablo Blanco, Juan ‘Pipo’ Rodríguez, Liliana Martínez Allende, Eduardo Barrientos, Susana Siracusa, Laura Rojo, Jorge Lechman, Damián ‘Loli’ Löffler y Claudia Andrade, autora del proyecto.

Por el contrario, se opusieron al arancelamiento de la atención en centros de salud pública los legisladores Adrián Liendo, Myriam Martínez, Juan Arcando, Héctor Tapia, Fabio Marinello y Amanda Del Corro, estos últimos parlamentarios del Partido Social Patagónico (PSP).

Entre los detalles salientes del proyecto se destacaba que el arancel sería de 10 pesos para la atención en el Hospital Regional Río Grande Hospital Regional de Ushuaia, Centro Asistencial de Tolhuin y Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) en toda la provincia.

Sin embargo, el 10 de enero de 2013, Fabiana Ríos remitió a la Legislatura copia del Decreto 031/13 (ver archivo adjunto) donde vetaba la ley votada por el Parlamento fueguino aduciendo que era necesario “continuar con una garantía institucional” y que además, generaba “un barrera concreta que desalienta la demanda de atención, particularmente a las poblaciones más vulnerables”.