En medio de la discusión entre Nación y provincias por los alcances del Pacto Fiscal y el reparto de fondos, el otro debate pendiente es el de la distribución de recursos y las funciones de cada jurisdicción en relación a servicios como educación, salud, vivienda, seguridad, asistencia social y justicia.
Un informe de la consultora IDESA sostiene que la superposición de intervenciones nacionales sobre servicios que administran los gobiernos provinciales es una de las principales fuentes de derroche fiscal. Buena parte del déficit fiscal y del mal funcionamiento del Estado se explica por esta tendencia del Estado nacional a avanzar sobre responsabilidades locales. "Respetar la organización federal es clave para tener un sector público más eficiente y solvente", recomiendan los especialistas.
En efecto, esa superposición de funciones viene arrastrándose desde hace años como consecuencia -en gran parte- de la ausencia de un rediseño del sistema de coparticipación, que desde 1994 fue corregida parcialmente con parches pero sin ninguna reformulación de fondo, tal como lo exigió la última reforma constitucional.
Otro estudio sobre esta problemática encarado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) plantea también la necesidad de llegar a un acuerdo político para terminar con el actual régimen de reparto, que "ha distorsionado los propósitos fundamentales de todo sistema de coparticipación federal de impuestos", por un nuevo régimen de distribución que cumpla con el mandato constitucional y que en forma estable esté al servicio del financiamiento de los objetivos del desarrollo humano, equitativo y solidario, establecido en el inciso 19 del Artículo 75 de la Constitución Nacional, incorporado por la Convención Constituyente del año 1994.
El mismo trabajo sostiene que, además de la aprobación del nuevo régimen de coparticipación, es necesario al mismo tiempo avanzar con mayor efectividad en los procesos de modernización de la gestión estatal iniciados en el nivel nacional y en varios de los estados subnacionales, para introducir el planeamiento estratégico.
Volviendo al estudio de IDESA, los especialistas consignan que, si bien el Estado nacional, tiene responsabilidades puntuales en temas de carácter interprovincial como la defensa exterior, las relaciones internacionales, la seguridad social, la educación superior y el desarrollo de infraestructura interprovincial, se observan acciones en la que se usan fondos nacionales para financiar servicios a cargo de las provincias y los municipios. "Es decir, en la práctica, el funcionamiento del sector público nacional muestra en varias áreas una desviación respecto de las reglas que establece la Constitución", se subraya.
La consultora que preside Jorge Colina analiza a modo de ejemplo los presupuestos 2018 de cinco ministerios nacionales (Educación, Salud, Desarrollo Social, Obra Pública y Vivienda y Medio Ambiente). Según esta fuente se observa que:
En programas de acciones interprovinciales se gastarán $150 mil millones.
En programas con acciones superpuestas con las provincias y los municipios se proyecta erogar $130 mil millones.
Esto significa que prácticamente la mitad de los presupuestos de estos cinco ministerios se gastarán en funciones que no les corresponden.
La consecuencia de esto, asegura IDESA, es que lo que estos cinco ministerios nacionales asignan a funciones de las provincias y los municipios representan el 20% del déficit fiscal nacional. "Se trata de un indicio concreto de cómo una organización más respetuosa del régimen federal ayudaría de manera sustantiva al ordenamiento de las cuentas públicas nacionales", se sostiene.
En lo discursivo se justifican bajo el argumento de que suplen vacios de los gobiernos locales en áreas sociales importantes tales como arreglo y construcción de escuelas, centros de salud, calles o alcantarillados, distribución de materiales escolares y medicamentos, ayudas alimentarias y complementos salariales para docentes y personal de los sistemas de salud provinciales.
Pero esas acciones, en general, suelen ser de tipo espasmódicas y atadas -en gran medida- a la necesidad política de ejercer cierto dominio sobre ese territorio, obligando a gobernadores e intendentes a peregrinar a Buenos Aires en busca de esas ayudas nacionales. Acciones que, por el contrario de lo esperado, terminan diluyendo las responsabilidades de los estados subnacionales.
Fuente: Ámbito.com
