TIERRA DEL FUEGO.- Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación impulsa la eliminación de la Ley 19649 y del régimen de promoción industrial de la provincia.
La iniciativa es impulsada por integrantes del bloque de la Coalición Cívica que responden a Elisa Carrió quienes ya cuentan en su haber con un largo historial de intentos de eliminar el beneficio fueguino.
El proyecto de ley presentado sólo fundamenta cuestiones económicas y no hace mención al espíritu soberano de la Ley 19640 lo que demuestra una intencionalidad económica hacia algún sector. Lo cierto es que el argumento utilizado indica que se debe suprimir los gastos tributarios que conlleva con el objetivo de lograr un mejoramiento en los resultados de las cuentas públicas nacionales. Señalan además que la eliminación del régimen de promoción industrial promoverá el acceso y la disponibilidad de productos electrónicos en el país.
Para ello, proponen la reducción de los aranceles y la eliminación de barreras para arancelarias y otros “obstáculos de importación”, así como del diferencial impositivo en lo que respecta a productos electrónicos y un esquema de eliminación progresiva de los beneficios fiscales del régimen de promoción industrial.
En tanto, buscan modificar el artículo de 70 de la Ley de Impuestos Internos de modo tal que el nomenclador común del Mercosur se acomode del siguiente modo: seis por ciento (6 %), durante el período 2023; cuatro por ciento (4 %), durante el período 2024; dos por ciento (2 %), durante el período 2025 y uno por ciento (1 %), durante el período 2026.
Asimismo, en el capítulo tercero y más precisamente en el octavo artículo se especifica: “Deróguese la Ley 19.640 de régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego y sus sucesivas prórrogas, así como los decretos 725/2021 y 727/2021”.
La aplicación propuesta
Para aquellas empresas bajo el amparo de la 19.640, los diputados de la Coalición Cívica prevén un esquema de eliminación progresiva de beneficios fiscales que los verá en el lapso de cuatro años, cumpliendo progresivamente con todas las obligaciones fiscales nacionales.
En el caso de los trabajadores, el proyecto anticipa que aquellos que al 30 de septiembre del 2022 mantuvieran una relación de dependencia con alguna de las empresas adheridas al régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego y fueran desafectados, gozarán de una asignación equivalente al ochenta por ciento (80 %) del salario vigente al momento de su desvinculación, ajustable por UVA, a cargo del Tesoro Nacional y financiada con rentas generales, que podrá ser percibida hasta por cinco años desde sancionada la presente ley.
Los responsables
El proyecto lleva la firma de Juan Manuel López quien encabeza y se muestra como el impulsor de la iniciativa y es acompañado por Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Laura Carolina Castets, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto Lago, Mariana Stilman y Mariana Zuvic.
