PROVINCIALES

CERTERO GOLPE A LA PROVINCIA

Nación quita beneficios impositivos a la actividad petrolera de la provincia

En una medida que puede generar un gravísimo perjuicio para Tierra del Fuego, Cristina Fernández decidió modificar la Ley 19.640 para quitar los beneficios de la promoción económica a la actividad petrolera y gasífera de la provincia.

La decisión nacional ya entró en vigencia.
La decisión nacional ya entró en vigencia.
El Gobierno decidió quitar los beneficios impositivos y aduaneros que gozaban las actividades relacionadas con la producción de gas y petróleo en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Así se dispuso a través del Decreto 751/2012 publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y los ministros de Economía, Hernán Lorenzino, y de Industria, Débora Giorgi.

La norma deja "sin efecto los beneficios impositivos y aduaneros, previstos en el Régimen Especial Fiscal y Aduanero de la Ley Nº 19.640 y sus normas complementarias" para las actividades de "extracción de petróleo crudo y gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección, y servicios geológicos y de prospección".

Según indica el decreto, "la medida incluye además a las personas de existencia visible o ideal que se dedican a la exportación" de esos recursos.

También se especifica que las disposiciones del decreto "producirán efectos para los hechos imponibles que se generen y las ganancias que se devenguen" a partir de mañana.

En los considerandos, el decreto indica que "corresponde profundizar las acciones destinadas a la concreción de los objetivos perseguidos con la Ley Nº 26.741, mediante la cual se declaró de interés público nacional y como objetivo prioritario logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los mismos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones".

También se señala que "para garantizar la continuidad en el largo plazo del acelerado crecimiento económico con perfil industrial que se verificó desde el año 2003, es necesario asegurar la disponibilidad de aquellos recursos que resultan estratégicos para sostener la expansión de la producción en condiciones económicamente razonables y previsibles en el tiempo".

Además, se considera "indiscutible que el petróleo y el gas como recursos naturales no renovables se encuentran entre aquellos imprescindibles para el desarrollo, habiendo constituido una de las bases históricas del crecimiento del país".

Por lo que "el petróleo y el gas no pueden ser tomados simplemente como un commodity de exportación -como fue el oro en la época de la colonia, cuando en Sudamérica la actividad industrial, productiva y comercial era mínima; y entonces se trataba de venir a explotar los recursos naturales de nuestros países como si fueran simplemente materia de exportación para llevárselos a los países centrales-, sino que debe otorgárseles un tratamiento acorde al crecimiento del país, con cada vez mejor distribución del ingreso, con participación de los trabajadores y con cada vez mejores estándares de vida para toda la población."

"Una cosa es considerar que se trata simplemente de bienes a extraer y a exportar al exterior, como lo hizo la ideología imperante en la década de los noventa -cuando la actividad doméstica no existía o estaba en vías de desaparición- y otra muy distinta es pensarlos como un instrumento estratégico, porque se transforman en un resorte y un elemento central del crecimiento y del bienestar de la población argentina", puntualiza el decreto.

La norma señala que "deviene imperativo revertir, acompañando las políticas económicas implementadas por el Estado Nacional, el carácter de país importador de recursos naturales -como el petróleo y el gas- y lograr el autoabastecimiento, generando de tal modo las condiciones para asegurar la satisfacción de la demanda interna de una manera sustentable y con precios adecuados, para el presente y para el futuro".

También se indica que "constituye un deber del Estado garantizar que el precio de venta de los mismos en el mercado interno no quede sujeto a las fluctuaciones e inestabilidad que caracterizan al mercado internacional", por lo que "resulta necesario dejar sin efecto los beneficios impositivos y aduaneros para las actividades relacionadas con la producción de gas y petróleo; así como también para la exportación de los recursos mencionados".

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